La Oficina de Washington para América Latina (WOLA) presentó un informe en el que evalúa las políticas que llevó a cabo el presidente saliente de Estados Unidos, Donald Trump, sobre Venezuela y dicta una serie de recomendaciones al nuevo gobierno de Joe Biden.
El reporte, denominado Recalibrar la política estadounidense en Venezuela: aprender de los fracasos y aprovechar las oportunidades, fue desarrollado por el director de WOLA, Geoff Ramsey, y el investigador principal David Smilde.
En el documento, los asesores de Joe Biden sostienen que el enfoque de Trump para buscar una solución pacífica a la crisis que atraviesa Venezuela tuvo tres errores clave: abandonar el multilateralismo y buscar la primacía de Estados Unidos para enfrentar a Maduro; una estrategia de presión mal calculada y demasiado amplia; y la falta de participación con las partes interesadas internacionales y nacionales relevantes.
Ramsey y Smilde ofrecen una serie de recomendaciones políticas clave que podrían funcionar mejor en la administración Biden, cuando asuma cargo en enero de 2021, entre las que destacan:
Trabajar con socios europeos y latinoamericanos para convocar una cumbre internacional de partes interesadas, incluidos aliados de Maduro como China, Cuba y Rusia.
Desarrollar una nueva estrategia diplomática para mejorar la comunicación con rivales como China y Rusia, con el objetivo de explorar áreas de interés mutuo en Venezuela.
Rechazar de raíz la intervención militar del gobierno de Estados Unidos sobre Venezuela y, en su lugar, respaldar la diplomacia multilateral que enfatiza la necesidad de elecciones libres y justas como única solución a la crisis.
Retomar, a través de los altos funcionarios de política del hemisferio occidental en el Consejo de Seguridad Nacional y el Departamento de Estado, los diálogos y negociaciones con la mediación de la cancillería de Noruega.
Apoyar el progreso hacia acuerdos parciales iniciales como una forma de construir el capital social necesario para avanzar hacia una solución política integral.
Convocar un grupo de trabajo interinstitucional para revisar las sanciones sobre Venezuela y las acusaciones relacionadas, con el objetivo de reformar la política de manera que alivie la crisis humanitaria y contribuya de manera más efectiva al retorno a la democracia.
Instruir a la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC, por sus siglas en inglés) del Departamento del Tesoro, para que restablezca de inmediato las exenciones humanitarias que permitan a Venezuela intercambiar petróleo crudo a cambio de diésel.
Comprometerse con una respuesta humanitaria totalmente financiada dentro de Venezuela, al mismo tiempo que impulsa un mejor acceso para los actores humanitarios.
Comprometerse a aumentar los fondos para la respuesta regional conjunta del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (Acnur) y la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) a los venezolanos que huyen.
Instruir inmediatamente al Departamento de Seguridad Nacional para que designe a Venezuela para el Estatus de Protección Temporal (TPS), un programa humanitario que permite a las personas elegibles vivir y trabajar en Estados Unidos.
Los especialistas sostienen que, recuperando la confianza de la comunidad internacional, estableciendo parámetros para una transición pacífica y garantizando el acceso a los venezolanos a ayuda humanitaria e insumos básicos es posible lograr reestablecer una democracia plena en Venezuela de forma pacífica.