Desde el mismo momento que se conoció la muy cuestionada designación de la nueva directiva del Consejo Nacional Electoral (CNE), por parte del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) bajo el alegato de una supuesta omisión legislativa de la Asamblea Nacional (AN), se comenzó a escuchar que la actual directiva de la legítima AN seguiría en funciones, hasta tanto no se produzca su renovación mediante la celebración de elecciones libres, justas y transparentes.
Antes de continuar conviene precisar que la continuidad administrativa es un principio jurídico, específicamente del derecho administrativo, por tanto es ajeno a la esfera política, según el cual una autoridad no puede quedar acéfala. No se puede paralizar el órgano administrativo porque viola derechos constitucionales. Hay muchos ejemplos como los referidos a la asistencia médica y administración de justicia, cuya no prestación por ausencia de un funcionario en el cargo, constituiría una violación de derechos humanos.
La continuidad administrativa de la AN surge como una de las estrategias políticas a seguir, ante la determinación de las fuerzas democráticas de no prestarse a la farsa de elecciones parlamentarias, donde la cuestionada designación de rectores del CNE es una jugada más de ajedrez del régimen, en su propósito de tomar a toda costa el control de la AN, en realidad no ha sido la única jugada, previamente había creado la Mesa de Diálogo Nacional (MDN) y perpetrado la operación alacrán, que derivó en la ilegitima AN presidida por el diputado Parra. Finalmente optó por intervenir a los partidos Acción Democrática y Primero Justicia, colocando mediante decisión judicial en sus juntas directivas a militantes con supuesta afinidad con el chavismo, quedando claro que el régimen no quiere correr ningún riesgo, su objetivo es realizar elecciones parlamentarias a la medida, para elegir una AN plegada al Poder Ejecutivo y legitimarla con una falsa oposición.
Sin embargo, la continuidad administrativa no cuenta con consenso en el seno de las fuerzas democráticas, hay un sector que la desestima por considerarla fantasiosa, quizás su máximo vocero sea el excandidato presidencial Henrique Capriles que es de la opinión de no crear falsas expectativas entre las filas opositoras, ante la inviabilidad que la AN se vaya a autoreelegir, y a su vez el gobierno interino también se vaya a autoprorrogar, he incluso se hable de la creación de un gobierno en el exilio; pese a diferir en lo relativo a la continuidad administrativa como estrategia política, afortunadamente si hay coincidencia en no formar parte de la farsa electoral.
La factibilidad de adoptar o no la continuidad administrativa de la AN como estrategia para el cambio político, pareciera depender más de su debida complementación con otras estrategias asociadas al activismo político-partidista, concretamente con aquel que tiene el desafío de estrechar lazos con la población, capitalizar el gran descontento social y activar grandes movilizaciones, es decir, aquellas estrategias que emergen desde la base social hacía la cúpula dirigente, porque la clave para enfrentar al régimen es contar con una vigorosa participación popular.
Así la estrategia de la continuidad administrativa de la AN se erige como un importante referente democrático y ético, en contraposición con la futura AN cuya ilegitimidad determinada por la falta de garantías electorales, ya la hecho merecedora por adelantado del rechazo del mundo libre, pero ello no significa que carezca por completo de utilidad, ya que la legitima AN seguirá gozando de reconocimiento por parte de la comunidad internacional, lo que ha sido de vital importancia en la articulación de estrategias con las democracias que nos respaldan, aunque su alcance sea muy limitado.
Lo único nuevo que cabe esperar de la continuidad administrativa de la AN, es la intensificación de los ataques a la inmunidad parlamentaria, la cual ha sido irrespetada de manera sostenida por el régimen desde un principio, al punto que en la actualidad hay al menos sesenta diputados a quienes le ha sido violada su condición, forzándolos al exilio político para no ser presos de consciencia como el diputado Juan Requesens. El ejercicio de sus facultades constitucionales tampoco experimentará cambios, en vista que seguirá atada de mano ya no por la sentencia de desacato, sino por la falta de reconocimiento de su legitimidad por parte del resto de los poderes públicos y, es que incluso, las puertas del Palacio Federal Legislativo permanecerán invariablemente cerradas para las fuerzas democráticas.
Oscar Rodríguez
Economista
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