Continuando con las ideas para desmembrar las funciones del presidente, faraón-chamán y configurar una nueva arquitectura del Estado, con tendencia al semiparlamentarismo, encontramos una institución con actividades sensibles, cuyos propósitos han sido deformados. Se trata de la estadística y del Instituto Nacional de Estadística (INE).
En 1871, bajo el gobierno de Antonio Guzmán Blanco, se creó la Dirección General de Estadística, y en 1873 se realizó el Primer Censo Nacional de Población. La vigente Ley De La Función Pública De Estadística (LFPE) fue promulgada en mayo de 2001; sus funciones son gestionadas por el Instituto Nacional de Estadística (INE), Instituto Autónomo, cuya directiva es designada indiscriminadamente y a dedo por el faraón-chaman.
Se suponía que la nueva ley serviría de apoyo para fortalecer las relaciones del Estado con el sector privado y ponerse a tono con los avances de la estadística a nivel mundial. Todos sabemos que nada de eso ha sucedido y que el país está totalmente ayuno de información oficial acerca de los elementos que determinan su dimensión material-social, datos que son manejados con criterio politiquero, lo que impide cualquier género de planificación, siquiera a mediano plazo.
Pero es que además, la ley vigente está redactada con la perfidia dirigista-controladora-socialista; para evidenciarlo estas perlas: De la exposición de motivos: El Proyecto de Ley de la Función Pública de Estadística constituye un marco jurídico moderno que establece y determina el alcance y la finalidad de la función estadística del Estado, dentro de la misión y el rol que le fijan la Constitución y las Leyes, las que definen el contenido material de su intervención sobre la realidad El carácter público de la actividad estadística oficial viene dado por la trascendencia política, económica y social que en nuestros días se confiere a los resultados de las estadísticas elaboradas en el seno de la Administración;
Con base en esas premisas, el actual e ilegítimo régimen ha podido mantener sin información confiable y básica a la nación; y lo que es peor, los planes que ha tratado de implementar le han fallado, en buena parte, por falta de información de calidad. Recordemos que el Censo Nacional de población y vivienda de 2011, resultó un completo fracaso debido a que la población, en gran número, no quiso recibir a los empadronadores, porque le generaban desconfianza, considerando que la información que aportasen pudiera ser utilizada en su perjuicio.
Según el artículo 3 de la LFPE, la actividad estadística está informada por los principios de transparencia, comparabilidad, confiabilidad y neutralidad. La ausencia de transparencia es, precisamente una de las fallas mayores que tiene el gobierno de turno en relación a la información: nadie les cree. Desconozco el alcance del término comparabilidad; tiene un tufillo comunista. Ni hay confiabilidad, por falta de transparencia y mucho menos neutralidad, pues hemos visto de qué manera desvergonzada-politiquera se manejan cifras de toda índole (pobreza, índices de desempleo, de actividad económica y hasta los índices epidémicos, que corresponden al Ministerio de la (in)Salud).
Por tanto, es conveniente dejar establecido un principio básico: la información estadística interesa o concierne a la nación. El Estado es un interesado más; pero más interesados somos todos los habitantes del país.
En cuanto a la estructura organizativa: Actualmente el Consejo Directivo del INE es un organismo integrado por personas de libre nombramiento y remoción por el faraón-chamán; en cuanto a sus condiciones de designación y las del Presidente del Instituto Nacional de Estadística, están solamente, ser venezolanos, de reconocida honorabilidad y no haber sido condenados penalmente ni haber sido declarados responsables administrativamente por la Contraloría General de la República.
¿Y dónde y cómo se considera la competencia profesional? Ello es debido a que, como no se ha determinado cabalmente en la ley la condición muy técnica y especializada que tiene la actividad estadística, los funcionarios no tienen razón para estar calificados. Eso no puede continuar.
Aparte de la declaración de la actividad estadística como de interés nacional, del país, según el artículo 5º de la ley, corresponde al INE determinar que la actividad estadística desplegada por las encuestadoras privadas se califique como interés público, cuando sea difundida información estadística al público, por sí o por terceros. Dado que las encuestas privadas son importantísimas para la actividad económica del país y para la orientación política (recordemos lo activo que se pone el tema de los surveys de opinión en las cercanías de las elecciones), debe disponerse una reglamentación precisa a esta actividad encuestadora, que en la mayoría de los casos, choca rayanamente los resultados oficiales, ignorándose los orígenes de esas cifras, como dispone la LFPE (art. 16), de manera que las tales encuestadoras en general- no orientan a la opinión pública, sino lo contrario: la desorientan; muchísimas veces con siniestros propósitos.
De nuevo la figura jurídica propuesta para el organismo que gestione la estadística nacional es del mismo perfil mencionado en entregas anteriores:
1.- El Instituto Nacional de Estadística, debe ser un organismo administrativamente subalterno del parlamento quien designa sus directivos, con duración de cuatro(4) años reelegibles por cuatro(4) veces, consultando al Presidente, pero sin su veto, con un Consejo Consultivo, integrado con representantes del Ejecutivo especialistas en estadística, egresados todos de universidad y con el más alto rango académico, y representantes de las universidades venezolanas con cátedras de estadística, cuya autoridad máxima es el Coordinador-presidente, con los mismos requisitos;
2.- Los funcionarios de Alto Nivel del INE deben ser profesionales egresados de universidades con, la más alta calificación académica y funcionarios de carrera, con experiencia no inferior a veinte(20) años.
Probablemente la primera iniciativa del próximo gobierno-régimen democrático, debería ser la de llevar a cabo un Censo Nacional confiable, para comenzar a formular cualquier planificación que intente remediar el desastre que estamos viviendo.