En diciembre de 2015 el pueblo venezolano decidió ejercer su derecho al voto para elegir a los nuevos diputados que lo representarían en el Parlamento. En aquella ocasión los venezolanos demostramos deseo de cambio y de un nuevo modelo que sí nos garantice calidad de vida, ante una crisis que empezaba a generar mayor pobreza en el país.
Sin embargo, luego de esas elecciones, el régimen designó unilateralmente 3 nuevos rectores del Concejo Nacional Electoral, que fueran a fines a sus intereses políticos. Así, violentaron la Constitución y se garantizaron el control de las instituciones, cuyo actuar debe ser imparcial y coherente con el Estado de Derecho.
En 2016 se negaron a aceptar el referéndum revocatorio que los venezolanos exigimos y se inventaron la figura del desacato contra la Asamblea Nacional, ya que no les conviene la separación de poderes ni presentar cuentas ante el país.
Asimismo, a inicios de 2017 el TSJ se atribuyó las competencias del legislativo, pero ante las contradicciones que ellos mismos tienen, echaron para atrás esas sentencias. Los venezolanos decidimos salir a la calle y protestar ante estas injusticias y la respuesta del régimen fue un grado de violencia tal que murieron cientos de personas y fueron arrestadas otras miles. Además, crearon una fraudulenta Asamblea Nacional Constituyente, en unas elecciones ilegítimas, la cual no funciona para nada.
Por si fuera poco, en 2018 afirmaron su autoritarismo al llamar a unas elecciones presidenciales adelantadas, sin la participación de los 5 partidos políticos más votados de la oposición, ya que fueron inhabilitados. Por este motivo nadie reconoció los resultados.
Toda esta pérdida de institucionalidad nos ha llevado a una grave crisis humanitaria. El informe de la Alta Comisionada Bachelet evidenció la lamentable realidad que padecen los venezolanos diariamente.
Ante la miseria y el sufrimiento que ha causado el modelo del régimen, la democracia se presenta como la verdadera solución a la crisis. Solo en ella, la voluntad del pueblo es escuchada y ejercida, la separación de poderes evita los atropellos que pueda intentar algún grupo con pretensiones autoritarias y los funcionarios públicos trabajan para dar soluciones a los problemas que aquejan al país.
Sin embargo, para unas verdaderas elecciones libres, es necesario renovar las instituciones del Estado. El TSJ, CNE, Consejo Moral Republicano y demás entes deben acatar la Constitución y estar al servicio de los venezolanos, no de una cúpula que se aferra al poder. De su imparcialidad depende que las elecciones se realicen correctamente y los resultados sean respetados.
Los venezolanos queremos poder tomar nuestras propias decisiones y decidir sobre el futuro que meremos. Estamos seguros que solo en un sistema democrático todos los ciudadanos gozaremos de plena igualdad de derechos y respeto a nuestras libertades fundamentales, que nos permitirá volver a tener calidad de vida justa.
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