En las últimas semanas en el campo democrático venezolano, fundamentalmente en los partidos que hacen mayoría en la Asamblea Nacional se venía dando un debate, un dilema entre si votar o no votar en las elecciones parlamentarias previstas por la constitución de este año.
Ese dilema ha sido resuelto. Ya no se trata de que estos partidos quieran participar o no, es que simplemente ya no pueden. Las decisiones tomadas por el Tribunal Supremo de Justicia que controla Nicolás Maduro de declarar omisión legislativa nuevamente, para designar un Consejo Nacional a espaldas de la constitución y tomar las tarjetas de los partidos de manera arbitraria, los han dejado sin instrumentos de participación.
Vamos hacia una Asamblea Nacional elegida con una abstención de la mayoría de los venezolanos, una Asamblea que no va a tener ninguna legitimidad internacional con lo que se va a repetir exactamente la misma película de la Asamblea Nacional Constituyente de 2017 o la directiva parlamentaria reconocida por el TSJ que preside Luis Parra. Es decir, una absoluta inutilidad.
Maduro no va a poder conseguir el reconocimiento internacional que está buscando, por consiguiente no va a conseguir fuente de financiamiento externo ni siquiera de sus aliados como China, Rusia, Turquía o Irán.
Desde que esta AN se instaló en 2016, China no ha dado ni una sola línea de crédito a su fondo en Venezuela, porque no confía en la institucionalidad del régimen de Maduro. Por lo tanto, Maduro no tiene instrumentos para resolver la crisis que se va a agravar en las próximas semanas. No es cierto que no la quiera resolver, sino que no tiene cómo resolverla.
¿Por qué Maduro hace esto si la oposición lo que ha hecho es unificarse?. La hipótesis es que Maduro se está despejando el camino hacia 2024 porque el objetivo es reelegirse y perpetuarse en el poder.
