Lejos de admitir las vulneraciones a los convenios de la Organización Internacional del Trabajo y acoger las recomendaciones de la Comisión de Encuesta de la OIT, la administración de Nicolás Maduro respondió el 27 de diciembre de 2019 con una carta llena de descalificativos contra el informe emitido por la máxima instancia laboral.
La misiva, dirigida a Guy Ryder director de la OIT, indica que la Comisión no ha debido pronunciarse más allá de la queja interpuesta por los empleadores (Fedecámaras) en 2015 por, lo que no debió incluir las denuncias de organizaciones sindicales no afines al gobierno.
Define esos sindicatos como amarillos creados y controlados por los intereses y pretensiones políticas de los patronos privados nacionales e internacionales contrarios al gobierno de la República Bolivariana de Venezuela
También cuestiona ciertas actuaciones de naturaleza política de algunos de los miembros de la Comisión, la cual estuvo en Venezuela en agosto para constatar las violaciones de la administración de Maduro a los convenios relativos a la libertad sindical y el diálogo social tripartito.
Fuentes empresariales que solicitaron no mencionar sus nombres deploraron los términos de la carta del Ejecutivo, pues en ella no expresa su intención de corregir medidas arbitrarias como la fijación del salario mínimo de forma unilateral e inconsulta.
El carácter autoritario del régimen afecta por igual los derechos de los empleadores y los trabajadores representados por las organizaciones sindicales, sostuvo uno de los consultados. Otro deploró la posición cínica del gobierno de aupar empresarios y sindicalistas afectos, pero descalifica y persigue a quienes lo critiquen.
Servando Carbone, directivo de la Unión Nacional de Trabajadores, destacó que la Comisión de Encuesta de la OIT estuvo integrada por denotados especialistas internacionales en materia laboral. Ellos identificaron, agregó, las graves violaciones de Maduro a los derechos humanos, entre ellos los laborales.
La Comisión escuchó y tomó juramento a 170 testigos. De ellos, 90% no afectos al gobierno, presentaron pruebas contundentes e irrefutables de las ilegalidades gubernamentales, dijo el representante de la Unete.
Insistió en la práctica de persecusión y terrorismo laboral lo cual queda demostrado con el juicio militar y encarcelamiento de Rubén González, secretario general del sindicato de la empresa estatal Ferrominera del Orinoco.
Pero otros 400 sindicalistas y trabajadores enfrentan juicios con régimen de presentación ante los tribunales. En enero de 2019, Maduro ordenó sin éxito la detención de cien dirigentes sindicales. La Comisión de la OIT tiene las pruebas que dejan muy mal parado al gobierno y lo coloca en vías de enfrentar sanciones del Tribunal de la Haya, aseguró Carbone.
En el informe, que el gobierno conoció el 27 de septiembre, la Comisión de Encuesta insta al cese inmediato de todos los actos de violencia, amenazas, persecución, estigmatización, intimidación u otra forma de agresión a personas u organizaciones en relación con el ejercicio de actividades gremiales o sindicales legítimas y la adopción de medidas para garantizar que tales actos no se repitan en el futuro.
En los cien años de historia de la OIT se han establecido 13 comisiones de encuesta y dos de ellas corresponden a Venezuela: una durante la dictadura de Marcos Pérez Jiménez y la otra con la administración de Maduro.