Defiende Venezuela presentó este jueves 9 de julio los resultados de su informe, realizado entre julio de 2019 a finales de junio de 2020, sobre el seguimiento al cumplimiento de las recomendaciones que la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (Acnudh) por parte del Estado venezolano. Estas medidas fueron anunciadas por Michelle Bachelet el 4 de julio de 2019, pero ni las recomendaciones ni los llamados de atención han sido cumplidos y la opacidad del gobierno de facto ha sido un inconveniente, afirmó la presidenta de la organización no gubernamental, Génesis Dávila.
El documento señala que en 2019 se realizaron 2.219 detenciones arbitrarias, de las cuales 388 eran presos políticos: 18 son mujeres y 118 funcionarios militares. Además, el número de presos políticos en abril de 2020 superó al de abril de 2019, al pasar de 347 a 367, lo que demuestra que siguen en aumento. La razón es que no se ha cumplido en lo absoluto ninguna de las recomendaciones de la alta comisionada, la situación en Venezuela se ha agravado, dijo Simón Gómez, consultor jurídico de la ONG, al añadir que desde la llegada de la COVID-19 al país las principales víctimas de las detenciones han sido periodistas, médicos y defensores de los derechos humanos.
En el informe de Bachelet del año pasado, se atribuyó tanto a fuerzas civiles como militares la responsabilidad de detenciones arbitrarias, malos tratos y torturas a críticos del gobierno y a sus familiares, violencia sexual y de género perpetrada durante los periodos de detención y las visitas.
A un año de la presentación del documento por parte de la alta comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Defiende Venezuela confirmó que se realizaron 2.269 detenciones arbitrarias y entre 2017 y 2019 se registraron más de 3 mil ejecuciones extrajudiciales, 99% de ellas por organismos de seguridad del Estado. La mayoría de las víctimas eran jóvenes menores de 25 años de edad y de sectores vulnerables. Los victimarios siguen libres.
Bachelet trató este tema como uno de los principales en su ponencia de 2019 y en el informe señaló que las autoridades clasifican las muertes violentas resultantes de las operaciones de seguridad como resistencia a la autoridad. El número de estas muertes es inusualmente alto. En 2018, el gobierno de Nicolás Maduro registró 5.287 muertes violentas en esa categoría, en tanto que la ONG Observatorio Venezolano de la Violencia (OVV) notificó por lo menos 7.523 muertes violentas.
Entre el 1 de enero y el 19 de mayo de 2019, el el gobierno reportó 1.569 muertes violentas por resistencia a la autoridad. El OVV informó de al menos 2.124 entre enero y mayo de 2019. La información analizada por la oficina de la alta comisionada indica que muchas de esas muertes violentas pueden constituir ejecuciones extrajudiciales.
Defiende Venezuela confirmó que, aunque Bachelet ha pedido el desmantelamiento de las FAES, en 2019 al menos 1.231 personas fueron asesinadas por este organismo y se registraron dos bajas de funcionarios durante las operaciones, mientras que para enero de 2020 ya habían cuadriplicado el número de víctimas en comparación con diciembre de 2019. En julio de ese año Maduro declaró su apoyo al grupo: Todo el apoyo para las FAES en su labor diaria para darle seguridad al pueblo de Venezuela ¡qué viva el FAES!.
Además, la recomendación de disminuir los organismos de represión en manifestaciones también fue ignorado, en 2019 hubo 16.739 protestas en las cuales 67 personas fueron asesinadas, de ellas ocho eran adolescentes entre 13 y 17 años de edad, refiere la ONG.
Simón Gómez enfatizó que el hallazgo fundamental de este informe es que de las 13 recomendaciones y 10 llamados hechos por Bachelet en su informe de 4 de julio de 2019, el Estado ha incumplido en todos ellos.
La primera recomendación de Bachelet versaba sobre la necesidad de acceder a alimentos, agua y servicios esenciales para enfrentar la grave situación y el resultado de nuestro seguimiento es que la situación económica del país se ha agravado como lo muestra la Encovi. Los programas de atención se ejercen como un sistema de control social y el bajo salario y el alto costo de los alimentos no han permitido ingerir las 2.300 calorías diarias, pudimos constatar que la ingesta es de 700 calorías, expresó Gómez.
De igual manera, Defiende Venezuela confirmó que la protección a los pueblos indígenas solicitada por Bachelet no se ha cumplido porque el objetivo de obtener territorios mineros ha aumentado y, en consecuencia, las etnias se han movilizado a otras zonas. Tampoco se observó alguna reforma al sistema de justicia y el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) ha sido usado como un organismo represivo para tomar medidas de forma institucionalizada en el país, dijo el consultor jurídico.
Con respecto a la migración, la ONG señaló que los venezolanos que han retornado al país durante la pandemia han sufrido malos tratos. El gobierno de facto venezolano ha criminalizado, a través de declaraciones dadas por sus funcionarios, a los venezolanos que han decidido volver denominándolos armas biológicas, al alegar que el gobierno de Colombia los utiliza como estrategia para infectar a Venezuela.
El próximo 15 de julio la alta comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, presentará al Consejo de Derechos Humanos su próximo informe.
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