Mediante controles se ha pretendido reactivar la producción de cacao

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El sector cacaotero venezolano se encuentra agobiado y sin posibilidades de desarrollo, aun cuando las favorables condiciones naturales del país deberían impulsar su producción y exportación. El Estado venezolano lo tiene con insuperables barreras entre permisos, requisitos legales, incertidumbre en torno a la propiedad de las tierras y ausencia de seguridad jurídica, señala la investigación “El sector cacaotero: ¿qué está pasando en el estado Miranda?”.

El estudio, del Observatorio de Derechos de Propiedad de Cedice Libertad, presenta un panorama del estado de la producción de cacao en Venezuela en comparación con el resto del mundo, así como las características del mercado cacaotero venezolano y, en particular, las del estado Miranda como región productora de cacao.

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El trabajo, elaborado por Jesús A. Renzullo, investigador de Cedice Libertad, y el ingeniero agrónomo Gianfrank Flores, aborda la problemática que se presenta en el estado Miranda, con el plan Miranda Huele a Cacao y demuestra la imposibilidad de su ejecución con los recursos y plazos establecidos.

Se hace énfasis en la capacidad de la iniciativa privada para ofrecer a los cacaoteros los mismos servicios ofrecidos por el plan oficial, de manera más confiable y a menor precio.

Renzullo y Flores trazan en el trabajo la historia de los errores cometidos por el Estado venezolano con la intervención del gobierno en el sector desde los años 60.  Igualmente, los intentos de monopolizar este rubro, y los continuos fracasos de las iniciativas en esa dirección desde la constitución del Fondo Nacional del Café y el Cacao en 1959 hasta la actualidad.

“Desde los años 60, los distintos planes gubernamentales destinados a reactivar la producción en este sector han carecido del enfoque correcto. La respuesta del Estado venezolano ha sido siempre la misma: aumentar los controles sobre el rubro e incrementar la intervención del aparato gubernamental dentro del sector”, señala la investigación.

Advierte que el plan Miranda Huele a Cacao no es la excepción. Se trató de proveer a los productores de servicios de rehabilitación de tierras, apoyo técnico y ayuda socio-económica. “Sin embargo, los objetivos del plan eran imposibles de cumplir con el tiempo y los recursos establecidos, por lo que el plan terminó paralizándose en unos meses luego de su comienzo.

Se sobredimensionó la capacidad de ejecución del plan con los recursos y tiempo establecidos. También se sobreestimaron las expectativas de producción para el año, que pretendían triplicar la producción en ese tiempo”.

El estudio puntualiza que también se sobreestimó el valor de los servicios que Cordami deseaba prestar a los productores, lo cual culminó en la negativa de ellos de firmar los contratos de prestación de servicios del plan. “Incluso con los recursos y el tiempo necesarios, el plan Miranda Huele a Cacao no hubiera dado los resultados esperados, debido a que los problemas del sector cacaotero venezolano tienen raíces más profundas”.

Añade que las trabas legales para ingresar al negocio de comercialización y exportación de cacao reducen la demanda del rubro considerablemente, lo cual desalienta la producción. “Los productores, al no poseer propiedad sobre las tierras que trabajan, no pueden acceder a créditos para mejorar su proceso de cultivo y el miedo a que se les confisque la carta agraria reduce el deseo de invertir en la tierra”.

Otra de las conclusiones es que la falta de Estado de derecho en la región coloca a los productores en una situación de incertidumbre que los desincentiva a mejorar sus técnicas de cultivo, su proceso de fermentado o a invertir en maquinaria y equipos para mejorar su productividad, “por miedo a atraer la atención de las bandas y tener que pagar más para evitar ser atacados por ellas”.

En la investigación se recomienda “hacer grandes cambios para poder apoyar, de manera contundente, el desarrollo de las regiones cacaoteras del país”. “Pero las bases de estos tienen que estar compaginadas con el aumento de la libertad de producir, comercializar y exportar el rubro y la regularización de la situación legal de los productores. Sin verdadera libertad, toda acción que se tome tendrá poco o ningún efecto”.

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