Miedo a represalias impide a venezolanos hablar abiertamente del COVID

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    “No podemos negar que en Venezuela hay censura en cuanto a la información, especialmente sobre el COVID. No nada más el COVID, sino cualquier otro tema con el que el gobierno se pueda ver afectado”, denunció Miriam Pacheco, secretaria general del Colegio Nacional de Periodistas (CNP) del estado Miranda.

    La comunicadora resaltó en una conversación con HispanoPost que son pocos los medios y periodistas que se atreven a hablar abiertamente de las cifras de afectados por la pandemia del COVID-19. “Hemos visto como han detenido periodistas, han detenido reporteros, han detenido tuiteros, han detenido reporteros gráficos y les han borrado inclusive las informaciones que ellos han sacado de la gasolina, la cola (…) la guardia nacional les ha borrado el material”.

    A propósito de conmemorarse el pasado 27 de junio el Día del Periodista, la ONG Transparencia Venezuela emitió un comunicado, en el que detalló la situación del periodismo en el país durante la pandemia. “La organización apuntó que desde el inicio del confinamiento aumentaron las amenazas y acusaciones contra periodistas, trabajadores sanitarios y ciudadanos. Según las cifras de la agencia, más de 840 personas habían sido detenidas, entre ellas 22 periodistas”, destaca el texto.

    Pacheco aseguró que la autocensura afecta no solo a los profesionales de la comunicación, sino también a los trabajadores del sector salud que, a su juicio, esconden las cifras reales para no entrar en conflicto con la administración de Nicolás Maduro, que se han encargado de ofrecer los reportes referentes a los nuevos casos de coronavirus.

    “La autocensura, el miedo a dar la información. Muchas veces nos llegan informaciones de los hospitales y los centros de salud sobre el COVID y no las damos por miedo, porque resulta que te llevan detenido, te allanan tu casa, te llevan tus equipos, los decomisan. A la gente le da miedo declarar, a los medios y periodistas les da miedo sacar la información”, dijo.

     “Hay miedo de publicar, hay quienes se arriesgan y siguen luchando, pero a cuenta de qué. A qué costo. El costo es alto, que te lleven detenido, que te boten de tu trabajo, que no consigas empleo luego. Conozco al director y a algunos médicos (del Hospital Victorino Santaella, Los Teques) y, sin embargo, la información no me la dan. Uno la consigue por otra vía, pero directamente del director o la gente que deberían dar la información, pues no”, insistió la representante del CNP:

    La ONG Espacio Público detalló en su más reciente informe que durante el mes de agosto se registraron 109 violaciones a la libertad de expresión. “La mayoría de las víctimas fueron periodistas (49%) y particulares (40%), seguidos por plataformas web (4%); mientras que los principales responsables de las vulneraciones al derecho fueron los cuerpos de seguridad, las instituciones del Estado y desconocidos”, señala el documento.

    Sin voz ni información

    En declaraciones a otros medios, Edgar Cárdenas, también representante del CNP, denunció el cierre masivo de periódicos, emisoras radiales y estaciones de televisión, además del incremento de los ataques a trabajadores de la prensa durante la pandemia. Para mediados de julio, el Colegio Nacional de Periodistas había documentado 201 agresiones a comunicadores y medios.

    “En el lapso particular de la pandemia, estamos hablando de 47 detenciones arbitrarias y de 41 agresiones de tipo físico. Nosotros no somos militantes de la política, nuestra causa es precisamente la libertad de prensa, la verdad la libertad de información”, afirmó Cárdenas.

    Lo que se complementa con lo señalado por la también periodista de los Altos Mirandinos Jazmín Devesa, quien denunció que en la subregión “existe una gran cantidad de radios comunitarias, mientras que las radios comerciales se han venido a menos”. 

    Para Devesa, así como lo explicó anteriormente Pacheco, el miedo a la represalia del Estado en contra de quienes cumplen con la función de informar juega un papel determinante en el cumplimiento de sus funciones como comunicadores.

    El Instituto Prensa y Sociedad Venezuela registró del 13 de marzo al 31 de agosto de este año 12 casos de censura previa y censura interna. “La primera es aplicada por el Estado y sus instituciones, la segunda por orden de directivos de los medios de comunicación que en muchos casos puede verse como efecto de las presiones de entes del Estado, pero esta organización no ha tenido oportunidad de precisar tales hechos”, explica el informe del IPYS.

    La organización identificó como victimarios de estos actos de censura a siete directivos de medios, a Conatel como el culpable de cuatro de los casos y a un proveedor de Internet. Igualmente, determinó que el bloqueo de portales informativos podría catalogarse como censura. 

    “Durante ese mismo tiempo, esta organización registró 19 bloqueos a portales de noticias e información vinculada con la COVID-19, además de bloqueos por parte de las plataformas de redes sociales a varias cuentas de usuarios”, señala en su informe. Se reseña que al menos ocho cuentas en redes sociales fueron afectadas. 

    “Creo que, lamentablemente, el miedo se ha posicionado entro de los medios de comunicación. El miedo a perder las inversiones que tienen los dueños de las estaciones de radio. En el caso de los medios impresos hemos visto cómo desaparecieron y quedaron online, pero tú no observas ahí ningún reporte sobre el COVID más allá de lo que, en el caso de Guaicaipuro, diga la alcaldesa”.

    Reiteró la importancia de conocer la información completa de los pacientes contagiados con COVID-19: “No para identificar a la persona, porque yo no voy a hacer xenofobia hacia la persona o su familia, pero sí tomar medidas de prevención y ser más cautelosa. El Estado no tiene la capacidad humana ni profesional para atenderlos a todos, pero sí darnos la información completa de los casos”.

    Sugirió un programa informativo basado en micros radiales. “Las radios deberían ser canales de información para anunciar permanentemente el número” de atención a los posibles infectados. “Todo tiene que ver con la ausencia de información veraz y oportuna para que bajen los niveles de ansiedad en la comunidad, porque no tenemos información por censura, autocensura, No hay acceso a la fuente y ni siquiera los médicos pueden declarar porque ya hemos visto como médicos que se atreven a hablar son sujetos de un delito”, concluyó Devesa.

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