La llegada del COVID-19 al mundo arrasó con la normalidad conocida por la humanidad. Algunos países se vieron más afectados que otros y aún se discute si esto guarda relación o no con las decisiones de sus gobiernos y el tiempo en el que fueron tomadas, pero lo cierto es que ha impactado desde lo económico y político hasta lo social.
Los venezolanos que ya atravesaban por una emergencia humanitaria compleja, que obligó a más de 5 millones de hombres y mujeres a abandonar el país, se las han tenido que ingeniar para superar este difícil momento. Muchos han decidido esperar a que pase la pandemia y reiniciar sus planes mientras otros se han dispuesto a volver a Venezuela.
De acuerdo con el informe sobre la situación de los migrantes venezolanos recientes en el contexto del COVID-19, publicado en el mes de mayo por el Observatorio Venezolano de Migración (OVM) de la Universidad Católica Andrés Bello (UCAB), 42% perdió su empleo.
El estudio, que fue realizado entre el 15 de marzo y el 15 de abril, señala que 31% de los migrantes se ha planteado la posibilidad de regresar a Venezuela, luego de que 90% de los encuestados registraran una caída en sus ingresos motivada a la cuarentena.
Asimismo, el informe sobre la respuesta de los Estados a la situación de personas migrantes y refugiadas en el marco del COVID-19, realizado por el Centro de Derechos Humanos (CDH) de la misma universidad, detalla que durante la cuarentena los niños han sido los más afectados por la falta de respuestas adecuadas por parte de los programas de alimentación para la población vulnerable, como lo son los migrantes y refugiados venezolanos.
Este segundo estudio, difundido el 2 de junio, fue realizado en alianza con organizaciones que prestan apoyo a los venezolanos en 16 países y determina que la respuesta en materia de alimentación, salud, transferencias monetarias, vivienda y protección de la condición migratoria, ha sido insuficiente e inadecuada.
El reporte del OVM detalla que 4 de cada 10 venezolanos migrantes perdieron su empleo durante la pandemia, por lo que al menos 66% de los encuestados aseguró que depende de donativos para alimentarse. Mientras que 80% de los que participaron en el sondeo manifestó tener cargas familiares dentro o fuera de Venezuela, por lo que se ven afectados por la caída de sus ingresos.
Alerta que esto podría tener repercusión en el envío de ayudas económicas o transferencias a Venezuela, debilitando nuevamente la capacidad de consumo que, en cierta forma, se había podido observar en el país en 2019. 1 de cada 4 (encuestados) aseguró no disponer de dinero para adquirir sus alimentos, detalla el estudio.
Ligia Bolívar, coordinadora del estudio realizado por el CDH, aseveró que, en la mayoría de los casos, la respuesta de los Estados no ha estado a la altura de las circunstancias. Al tiempo que el informe resalta que son pocos mecanismos impulsados directamente por iniciativa de los Estados.
Para el estudio del Observatorio Venezolano de Migración se contó con una muestra de 9.320 correos electrónicos compilados a partir de las 12.957 entrevistas efectuadas a emigrantes venezolanos que dejaron el país, del 8 de abril al 5 de mayo de 2019.
9% de los que respondieron reportó estar de regreso en Venezuela, mientras la mayoría vive en Perú (29%), Colombia (23%), Ecuador (19%) y Chile (16%), con una fracción reducida de respuestas enviadas desde Argentina, España, Brasil y Panamá. 33% de los venezolanos que se encuentran en países latinoamericanos solicitó ayuda para alimentarse o alimentar a su familia, de esta fracción, 46% dijo no haber recibido el auxilio requerido.
El informe también detalla que 15% de los venezolanos fue desalojado de sus viviendas y al 11% le han cortado los servicios básicos por falta de pago. Mientras 20% se encuentra en situación de irregularidad migratoria por la suspensión de los trámites legales y 15% ha tenido restricciones para acceder a los servicios de salud.
Por su parte, el Informe del Centro de Derechos Humanos de la UCAB le da un poco más de contexto a estos resultados. Luego que se explica que los niños fueron los más afectados por las medidas tomadas por los Estados, al haber suspendido las actividades escolares presenciales y con ellas los programas de alimentación escolar, que en muchos casos era la única comida al día que reciben.
Con respecto a los problemas que se han presentado por las viviendas, el informe determina que los gobiernos tardaron en dictar medidas que prohibieran desalojos. Así como el etiquetamiento que se ha hecho de migrantes y refugiados como portadores del virus ha aumentado la xenofobia, inhibiéndolos de ser atendidos y diagnosticados.
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