Venezuela significaba crudo extra pesado, riquezas, papel protagónico en el mercado petrolero mundial. De hecho, 95% de las divisas reportadas al Banco Central históricamente tenían su origen en la actividad de hidrocarburos. Pero con una industria mermada tras años de corrupción, mal manejo y la contracción del mercado mundial, el régimen de Nicolás Maduro ha tejido una red de actividades criminales con las cuales sostiene y financia su mandato.
Esto lo afirma un informe del Atlantic Council, denominado Actividades Ilícitas del Régimen de Maduro: Una amenaza a la Democracia en Venezuela y a la Seguridad en América Latina, en el cual detallan que el narcotráfico, la minería de oro ilegal y el lavado de dinero son las principales actividades que sostienen al régimen de Maduro y que impiden la restauración de la democracia en Venezuela.
Petróleos de Venezuela (PDVSA) ha dejado de ser la principal fuente de dólares del país, en la cual se sustentaban todos los manejos geopolíticos venezolanos. Esto ya no es así, porque destruyeron la industria petrolera, por los altos niveles de corrupción, asegura Diego Area, director asociado del Atlantic Council.
Si a esto le sumamos una segunda fase de la caída profunda de los precios del petróleo, la pandemia y además las sanciones económicas de Estados Unidos, PDVSA deja de ser la caja chica para hacer petropolítica regional y más bien ahora las actividades irregulares y el acceso ilícito a recursos es lo que mantiene al régimen, añade el experto.
El reporte del Atlantic Council detalla cómo desde los tiempos del presidente Hugo Chávez habría comenzado a formarse una alianza de Estados y grupos al margen de la ley que le dieron cabida a lo que el denominan la Empresa Criminal Conjunta, ente que hoy en día sería la base de la financiación del régimen de Maduro.
La génesis de la Empresa Criminal Conjunta está en los profundos niveles de corrupción que ha habido en Venezuela. Una vez que esta corrupción y el mal manejo de los recursos públicos le limitaron el acceso al régimen a recursos lícitos, para poderse sostener tuvieron que mutar, evolucionar, transfigurarse a una empresa que se dedica a estas actividades ilícitas, asegura Area.
Entre los actores principales que operarían en esta organización, están el gobierno de Nicaragua, las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), el Ejército de Liberación Nacional (ELN), la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, funcionarios del régimen de Maduro y potencias globales como Rusia, China y más recientemente Irán.
Relación con las guerrillas
El informe del Atlantic Council especifica cómo bajo el amparo del régimen de Maduro, específicamente del llamado Cartel de los Soles, la droga producida por las FARC en Colombia consigue en Venezuela territorio seguro para su tránsito hacia Estados Unidos, el Caribe y Europa, lo que deja grandes dividendos en manos de los funcionarios en el poder.
De hecho, estos nexos con el narcotráfico fueron confirmados por el Departamento de Justicia de Estados Unidos en marzo de este año, cuando acusaron al propio Maduro y a otros funcionarios fuertes de su régimen por su participación activa en el negocio de las drogas. Desde entonces, se ofrece una recompensa de 15 millones de dólares por información sobre el mandatario.
Por su parte, el ELN estaría a cargo de la actividad ilegal en el Arco Minero del Orinoco, extrayendo oro y otros minerales que luego transportan a países como Surinam y Nicaragua, donde se procesa y se vende a otras naciones para evitar su rastreo.
Esta actividad minera, según relata el informe, trae consigo otras actividades ilícitas como el tráfico de personas, la violación de derechos humanos, entre otras, por lo que llaman la atención sobre la misma, destacando además el daño ecológico que está sufriendo esa zona del país.
Flujo de capitales
Otra de las actividades ilícitas que según el informe del Atlantic Council sostiene al régimen de Maduro es el lavado de dinero, producto de la corrupción gubernamental y también del negocio de la droga y oro.
El informe señala que Europa ha sido más lenta que Estados Unidos para coordinar esfuerzos de seguimiento y congelación de activos conectados a actividades ilegales del régimen venezolano.
Según el director adjunto del Atlantic Council, la reciente revelación de los llamados FinCen Files, en los cuales se evidencian reportes bancarios de actividades sospechosas ligadas a Venezuela por más de 4.800 millones de dólares entre los años 2009 y 2017, son una nueva prueba de la red de lavado de dinero que sostiene a Maduro.
Estados Unidos, Suiza, España y Portugal siguen siendo epicentro de movimientos financieros ilegales. Entonces una de las cosas que se pueden hacer es generar coordinación en la comunidad internacional para que exista fluidez y se comparta información entre los distintos funcionarios que se encargan de la materia y a partir de ahí construir políticas conjuntas, poder hacer rastreo conjunto de actividades sospechosas y actuar en conjunto para ir frenando el acceso ilegal de recursos del régimen de Maduro al sistema financiero internacional, apunta Area.
Según expertos financieros, actualmente hay entre 5.000 y 7.000 millones de dólares circulando en las calles de Venezuela. De acuerdo con Maduro, 85% de las transacciones comerciales en el país se están haciendo en divisas. La pregunta que se hacen los banqueros es de dónde proviene ese dinero, ya que el mismo Maduro ha señalado los ingresos petroleros han disminuido en 99%.
De la droga, oro y minerales ilegales y remesas. Y en menor medida del petróleo porque todavía hay un mercado, responde Area.
¿Más sanciones?
Entre las recomendaciones que hace el informe del Atlantic Council sobre políticas para colaborar con la restauración de la democracia en Venezuela, está la creación de un grupo de trabajo multiagencias y multinacional que cree una estrategia coherente de congelación de activos, cierre de compañías fachada, imputaciones y juicios, revocatoria de visas e intercambio de información entre los aliados para disminuir el acceso de estos recursos ilícitos a los mercados internacionales.
El régimen de Maduro se ha encargado de culpar a las sanciones internacionales de la crisis humanitaria y de servicios que vive Venezuela. Area, no comparte esta afirmación.
No podemos culpar a las sanciones de la transfiguración del régimen a la Empresa Criminal Conjunta, porque eso fue algo que se vino gestando desde hace un par de décadas y ya veíamos síntomas de la degeneración y criminalización del Estado mucho antes de que existieran las sanciones, aseguró.
Area considera que las sanciones a la empresa petrolera venezolana, PDVSA, no han tenido la eficiencia y efectividad que se deseaba. Si bien las sanciones deben ser revisadas, y su efectividad recalibrada, pienso que la política de máxima presión al régimen debe mantenerse y se debe alejar al régimen de la obtención de recursos que son utilizados para violar derechos humanos y seguir afianzándose en el poder, puntualizó.
Recientemente, Maduro entregó a la Asamblea Nacional Constituyente la llamada Ley Antibloqueo, la cual, según el Ministro de Petróleo, Tareck El Aissami, nos va a permitir lograr mecanismos novedosos, que tenemos que hacerlo en silencio para impulsar y promover inversiones extranjeras, darles plena y absoluta seguridad jurídica a todos los empresarios nacionales y extranjeros en el sector petrolero.
Una ley que para Area no tendrá grandes efectos debido a que el panorama general seguirá siendo el mismo. Pero considera que esta es una iniciativa normal. Cuando las sanciones se mantienen por un largo tiempo los gobiernos buscan la forma de burlarlas y es una carrera permanente de gobiernos que están siendo sancionados buscando cómo sobrevivir y tener acceso a dinero para poder mantenerse en el poder, afirmó.
El informe del Atlantic Council también recomienda que se siga de cerca la actividad de todos los actores de la llamada Empresa Criminal Conjunta y no solo a Venezuela, de manera que se pueda disminuir su capacidad de reacción y de adaptarse a las sanciones.
La organización seguirá publicando reportes sobre estas actividades ilícitas que sostienen al régimen de Maduro.