El Centro de Justicia y Paz (Cepaz) presentó el Informe Persecución Política en tiempos de pandemia, que abarca desde el 16 de marzo hasta el 9 de junio de 2020. Tras el monitoreo constante de la organización a las decisiones ejecutadas desde la administración de Nicolás Maduro, determinaron amenazas a la autonomía e independencia de los individuos y organizaciones en Venezuela.
El estudio, presentado este martes 7 de julio refleja los patrones de persecución política y vulneración de los derechos humanos que se han aplicado contra los venezolanos durante la cuarentena. Advierte que los beneficios sociales han sido otorgados solo a las personas inscritas en el sistema Patria.
Sin embargo, ninguno de los bonos que ha otorgado la administración de Maduro alcanza los cuatro dólares, monto insuficiente para satisfacer las necesidades básicas de un hogar venezolano.
El estudio señala que, a través de estas prácticas persecutorias, es vulnerado el libre ejercicio de los derechos civiles, políticos, económicos y sociales de los líderes de oposición, defensores de derechos humanos, comunicadores sociales, trabajadores de la salud, así como de los migrantes que han retornado al país.
Detalla arbitrariedades como detenciones injustificadas, cierre de medios, prohibición ilegal de circulación, amenazas e intimidación en contra de quienes cumplen con la función de mantener informada a la población sobre el acontecer diario.
Durante el primer trimestre de la cuarentena en Venezuela, se han registrado 26 detenciones de comunicadores sociales, al tiempo que fue borrado el material de otros nueve trabajadores de la prensa. Asimismo, fue vulnerado el derecho de propiedad de cuatro comunicadores, tras el allanamiento, decomiso y afectación de bienes de sus moradas.
Otros 17 trabajadores de la prensa denunciaron hostigamiento y amenazas, mientras 10 periodistas fueron intimidados a través de la televisión o redes sociales. Cepaz contabilizó al menos 13 casos de bloqueos y cierres de medios de comunicación. En total 92 casos de censura y hostigamiento a la prensa durante la cuarentena por COVID.
Otras violaciones
También durante la presentación del informe de Persecución Política en tiempos de pandemia, la organización venezolana denunció que los defensores de derechos humanos. Son víctimas de seguimiento y vigilancia, incluso a través de redes sociales, dijo Lexis Rondón, coordinadora del Laboratorio de Paz.
Al menos 11 defensores de los derechos humanos han sido víctimas de persecución durante la pandemia. Son sometidos a campañas de desprestigio, amenazas, acoso y detenciones arbitrarias, resalta el estudio de Cepaz, en el que se expone que se han registrado cinco detenciones arbitrarias y tres ataques a viviendas a través del plan Furia Bolivariana.
La sociedad civil y los trabajadores de la salud también han sido amenazados y sometidos a patrones de persecución política durante el Estado de Alarma. Se registró un total de 25 casos, entre los que se enumeran: 14 detenciones arbitrarias, seis amenazas y cinco bloqueos de páginas web por denunciar el mal estado de los centros de atención médica, así como la escasez de equipos e insumos médicos para atender a la población venezolana.
En cuanto a la persecución en contra de dirigentes políticos de oposición, la ONG contabilizó un total de 56 casos, que se desglosan entre 42 ataques a viviendas a través del plan Furia Bolivariana, 10 detenciones arbitrarias y cuatro allanamientos a la propiedad privada. También denuncian el uso de los operativos de chequeo de casos sospechosos de coronavirus para la privación de libertad sin órdenes judiciales.
Igualmente, los trabajadores de la Asamblea Nacional han sido víctimas de hostigamiento, tras la destitución de sus cargos y despidos. El sindicato Sinfucan denunció que Luis Parra despidió a más de 650 funcionarios, obreros y contratados en medio del confinamiento.
Mientras que los venezolanos que han retornado al país son sometidos a medidas de aislamiento en condiciones inhumanas. El Cepaz denunció que los retornados duermen sobre el pavimento sin colchones, tienen poco acceso a servicios como el agua y alimentos. Además, está el uso discriminatorio de las cifras de contagiados para estigmatizar a los retornados venezolanos, para continuar fortaleciendo el patrón de control basado en violaciones de derechos.
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