La tarde del primero de septiembre Venezuela y el mundo fue sorprendido con una noticia: Nicolás Maduro había otorgado un indulto presidencial a 110 presos políticos y exiliados. Si bien la medida fue celebrada por sectores dentro y fuera del país, aún hay otras personas encarceladas por razones políticas.
Así lo recordó el pasado lunes el Foro Penal, ese día denunció que 333 individuos siguen privados de libertad.
Este es el caso del controlador aéreo Derbys Rodríguez, quien fue apresado por la Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCIM), la tarde del 4 de junio, dentro de las instalaciones de su lugar de trabajo. Su prima Melany Sánchez, en conversación con HispanoPost, señaló que hasta la fecha no se ha realizado la audiencia preliminar, por lo que llevan más de 90 días sin poder verlo y mucho menos conocer los detalles del procedimiento que se sigue en contra de su familiar.
Lo detuvieron para una supuesta entrevista, lo presentaron el sábado 6 ante el tribunal, pero la jueza Carol Padilla difirió la audiencia preliminar. Su abogado, el doctor Joel García, no pudo juramentarse en ese momento porque la convocatoria no duró ni 15 minutos, contó Sánchez.
Añadió que su primo fue apresado junto a su esposa Oriana, quien también se dedica a controlar el espacio aéreo nacional, mientras grababa el momento. A ella la liberaron a los días y ahora tiene un régimen de presentación de cada 30 días, a partir de que cese la pandemia, dijo.
Desde su encarcelamiento, Rodríguez ha tenido subidas de tensión y problemas de salud que -aunque no suele hablar de su malestar para no preocupar a su familia, como dijo su prima- podrían acarrearle complicaciones. En vista de ello, le solicitaron a la jueza que se le permita ser trasladado a un centro de atención médica, donde se le puedan realizar los exámenes necesarios. La respuesta o autorización aún no ha llegado.
La prohibición del acceso a la salud es una de las tantas formas de violación a los derechos humanos de los detenidos por la administración Maduro, y no es la primera vez que ocurre. Como narró el sindicalista de Rubén González, en exclusiva para HispanoPost, «la cárcel fue un trauma muy cruel para él y su familia.
El politólogo Vasco Da Costa, tras su salida del sitio donde estuvo recluido más de dos años, denunció a los medios de comunicación horribles torturas. Aseguró que su arresto le causó cáncer de ojo, una celulitis que casi le cuesta una pierna y el agravamiento de su hipertensión.
Exigencias para los detenidos
La abogada y directora de la Justicia Venezolana, Neida Pérez, afirmó que, según los datos de la ONG, aún hay 260 militares en condición de presos políticos. Desafortunadamente no ingresaron a la lista de indultados por Nicolás Maduro, aun cuando hemos denunciado el delicado estado de salud en el que algunos se encuentran, lo cual empeoro con la situación de la COVID-19.
Derecho a una salud digna es la exigencia que hace la mayoría de las ONG defensora de los derechos humanos para sus defendidos, que se encentran pagando por una pena que aún no se les imputa. Los presos políticos militares requieren atención médica primaria y todo lo que resguarde su salud física y psicológica para estos momentos de pandemia. La falta de cumplimiento de esas exigencias se traduce en una franca violación a sus derechos humanos y hacia sus familiares, debido a que esta crisis sanitaria o de salud pública tan grave, repentina, inusual e inesperada origina un factor de riesgo, dijo Pérez.
La abogada indicó que, desde el punto de vista jurídico, se debió aplicar la extensión del indulto para todos los presos por razones políticas, incluyendo a los militares, lo cual no ocurrió, dejando así en evidencia que son los más débiles y perjudicados por el simple hecho de pensar distinto, porque ningún delito opera en su contra y muchos ni siquiera han sido juzgados.
Aseguró que se ha puesto en evidencia el ensañamiento y el trato inhumano y riguroso hacia los presos políticos militares, que para este momento duplican en cifra a las causas civiles de encarcelamiento por razones políticas. Tal como ocurrió con el capitán de corbeta Rafael Acosta Arévalo, quien, como lo detalla el informe de Amnistía Internacional publicado el viernes pasado, fue torturado mientras estuvo detenido, hasta que falleció frente a un juez en junio de 2019, contradiciendo así la versión oficial.
Mientras tanto, organizaciones como Justicia Venezolana, Foro Penal y Ventana a la Libertad y familiares siguen luchando por la libertad plena de los de los presos políticos, o en su defecto que reciban medidas cautelares. También exigen respuestas a sus solicitudes, como es el caso de los familiares de Derbys Rodríguez, quienes aún desconocen el expediente ni tienen fecha para la audiencia preliminar.
Tarek William Saab, fiscal general de Nicolás Maduro, advirtió a los indultados que si reinciden en un delito similar por el que estuvieron detenidos, el indulto cesará. Amenaza que bien podría extenderse a todos los presos políticos que aún se mantienen tras las rejas y a los que ya han recibido el beneficio, como es el caso de los diputados de Voluntad Popular, Renzo Prieto y Gilber Caro. Ambos fueron excarcelados en junio de 2018 y a los pocos meses los volvieron a encarcelar por distintos motivos.