La gobernadora encargada del desdichado departamento colombiano de La Guajira, Tania Buitrago, fue seleccionada por unanimidad desde tres celdas carcelarias distintas.
Resultó de una terna engañosa presentada al Presidente, Juan Manuel Santos, elaborada por el representante a la Cámara Alfredo de Luque, hijo del criminal Hernando de Luque, ex gobernador de La Guajira condenado en última instancia a nueve años de prisión por ser ratero de bienes públicos no obstante lo cual vive libre por efecto de su poder y el de su hijo, heredero de su gavilla político-delincuencial.
La gobernadora encargada fue designada por el Presidente debido a que el último gobernador elegido popularmente, Wilmer González, está en la cárcel, acusado de haber ganado las elecciones de manera fraudulenta. Es preciso destacar aquí que los últimos siete gobernadores de La Guajira elegidos popularmente están en la cárcel en este momento por corruptos o asesinos y entre todos gobiernan tras las rejas a esa región desértica la más septentrional de Suramérica en la que durante los últimos años han muerto de inanición y en la peor de las miserias no menos de siete mil niños de la paupérrima etnia wayúu.
La gobernadora encargada es probable que en breve sea destituida y quizá encarcelada, como sus antecesores, debido a denuncias según las cuales una vez estuvo inscrita en la terna de candidatos, fue virtualmente a visitar en sus celdas a los exgobernadores presos Wilmer González y Jorge Pérez Bernier, este último sometido a juicio en audiencias públicas que se están llevando por estos días en la Corte Suprema de Justicia por haberse robado no menos de 24 mil millones de pesos de la hacienda pública (unos US$ 8 millones), según la acusación de la Fiscalía General que lo sentó en el banquillo de los acusados.
Los exgobernadores y presidiarios González y Pérez, pues, aprobaron la designación de la gobernadora encargada, lo mismo que el asesino múltiple (con 132 homicidios a su haber debidamente documentados y condenado en dos juicios por seis de ellos) Kiko Gómez, ex gobernador también, además de narcotraficante y ratero.
La nueva gobernadora fue Contralora de La Guajira (posición oficial instituida para ejercer el control fiscal de la función pública) durante el sombrío y feroz gobierno de Kiko Gómez, a quien jamás sancionó ni le presentó reparo alguno por los negociados con los que saqueó la región bajo su mando y con esa actitud aceleró las muertes por inanición de millares de niños indígenas. Ella, por lo general, se mostraba feliz al lado del asesino-gobernador, como lo muestran la fotografía que ilustra esta nota de opinión y muchas más en mi poder.
El ascenso de Tania Buitrago ocurre en un instante preelectoral definitivo, precisamente en La Guajira, donde los fondos públicos además de ser hurtados sin pausa, se utilizan, como en otras muchas regiones, para financiar las campañas electorales de los mafiosos o los candidatos de ellos que en pocos meses renovarán las dos cámaras legislativas colombianas: el Senado de la República cámara alta- y la Cámara de Representantes cámara baja.
Así, pues, el crimen organizado prosigue gobernando La Guajira desde las cárceles. En el caso de Kiko Gómez, esta vez intenta impunemente llevar al senado a su hijo, Fernando Gómez Bacci, no obstante estar incurso, junto con su madre Bibiana Bacci en el homicidio del eminente neurólogo de Barranquilla Jorge Daza Barriga, a quien, de acuerdo con información judicializada, asesinaron para satisfacer a Kiko y causarle el mayor dolor posible a la familia del médico (ver Asesino hijo del asesino). Los señalamientos criminales no son obstáculo en este caso y el oscuro partido Opción Ciudadana a mi modo de ver, más parecido a una banda de maleantes que a una colectividad política anunció que le dará el aval exigido por la ley para poder participar en una elección popular. Soy objeto de acoso judicial por parte de la familia de Kiko Gómez, a quien me honro de haber llevado a juicio con mis denuncias periodísticas. La esposa de él llegó al extremo de pedirle al Presidente Santos que me callara en vista de que a ella y su marido les ha quedado prácticamente imposible hacerlo (ver aquí carta de ella a Santos y mi respuesta).
El hijo de Kiko Gómez, de acuerdo con innumerables versiones, delaciones y denuncias, cuenta, al parecer, con recursos ilimitados del narcotráfico y de los presupuestos públicos del Departamento de La Guajira y los municipios para financiar su campaña y adquirir los votos que sean necesarios, como es tradicional en esa región de Colombia. Además, otros reclusos han informado que su padre pactó con al menos dos criminales que lo acompañan en prisión para obtener todavía más votos: uno de ellos es el convicto Alfonso López, ex congresista hijo de la asesina y mafiosa, convicta también, Enilse López, alias ´La Gata`, así como de prominentes criminales traficantes de esmeraldas y cocaína, que también lo acompañan, naturales de la región del occidente del departamento de Boyacá, del mismo modo gobernada por el hampa.
El segundo candidato de La Guajira al Senado es Jaime Luis Lacouture Peñaloza, pariente y secuaz de alias Ñoño´ Elías, senador y delincuente recientemente apresado por sus innumerables saqueos a los bienes públicos y estafas asombrosas para consolidarlos. En marzo pasado, ese candidato renunció al cargo de Director General del Fondo de Pasivos de Ferrocarriles Nacionales de Colombia, FPFNC, entidad que agrupa los rescoldos de varias entidades estatales que desaparecieron comidas y roídas hasta los tuétanos por la corrupción. Una fuente me aseguró este domingo: cuando usted revele las andanzas de Lacouture en FPFNC (lo que haré en estas páginas) se van a agotar el Lomotil y el papel higiénico en La Guajira y otros departamentos de la Costa Norte.
El poder de la delincuencia en La Guajira yo diría que es perfecto: hasta la universidad pública está a su servicio. El rector vitalicio (ver Capo, analfabeta funcional y rector universitario) alimenta las estructuras mafiosas con los fondos de la educación. El ministerio de Educación recientemente denunció su última elección y este lunes, 27 de noviembre, el Tribunal Administrativo de La Guajira deberá decir si acepta o no el juicio planteado. Por razones de estrecha complicidad y miedo, se espera que pueda ser rechazada la acción estatal.
El mundo feliz de las bandas criminales en La Guajira se perfeccionó esta semana: el Procurador General de la Nación, Fernando Carrillo (siendo ministro de Justicia, encubrió a Pablo Escobar en su huida de la cárcel, en junio de 1992), nombró Procurador delegado para La Guajira a Leandro Sampayo Vergara, ex director regional del estatal Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, cargo desde el cual consintió un proyecto de corrupción que implicó la muerte por inanición de millares de bebés, madres gestantes y ancianos de la etnia wayúu, sometida hoy al exterminio por hambre más grande del mundo. El procurador es, por mandato constitucional, el máximo defensor estatal de los derechos humanos. Pero en este caso llegará a esa posición regional para tapar sus propios desafueros. Se espera que esta semana Carrillo lo posesione en sesión solemne que tendrá lugar en su despacho de Bogotá.
Para la nueva gobernadora de acuerdo con sus anuncios iniciales no parecen existir el imperio de la corrupción, el crimen, la mortandad infantil por hambre ni el gobierno, sólido y a la vez misterioso, de los rateros y asesinos que desde las cárceles la dirigirán a ella mediante pedidos y amenazas. Lo más importante en su gobierno lo dijo sin remordimientos, será la promoción del deporte.
Ella y Kiko Gómez vuelven a estar juntos.
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