Pacientes en riesgo: COVID-19 está invisibilizando otras enfermedades

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Los pacientes con enfermedades crónicas en Venezuela están un paso atrás de poder sentir tranquilidad por su condición, debido al deterioro del sistema de salud del país. En medio de la pandemia las dificultades para sus tratamientos han aumentado.

«La situación de las personas con VIH para ser dializados es sumamente delicada, ya que las máquinas de diálisis no están funcionando a la perfección. Además, por su condición de salud son rechazados en diferentes centros y, sobre todo, a los que están en el interior del país, que tienen que viajar a Caracas o a Barquisimeto, se le hace imposible con los problemas de combustible y no pueden ir a hacerse las diálisis», manifestó Eduardo Franco, secretario general de la Red Venezolana de Gente Positiva.

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Solo en Caracas y Barquisimeto existen unidades de diálisis, aunque en el estado Carabobo abrieron una nueva donde podrían acudir las personas cero positivo, pero no está funcionando para las personas con VIH, dificultando aún más la situación para quienes viven en el interior del país.

«En los últimos meses han fallecido siete personas con VIH que tenían que dirigirse a Caracas o a Barquisimeto y no pudieron ir», detalló Franco, también presidente de la Fundación Manos Amigas por la Vida (Mavid) de Carabobo, mientras tanto siguen recabando más información sobre otros pacientes para tener un registro.

La falta de medicamentos también afecta a las personas con VIH, que necesitan antirretrovirales, de los cuales existen 30 tipos. Cada uno es combinado para tratar cada caso en específico, pero actualmente en los hospitales de Venezuela difícilmente se consiguen.

«Venezuela llegó a ser uno de los países con mayores compras en el Fondo Estratégico de Medicamento. De hecho, antes de 2009 Venezuela era uno de los países de Latinoamérica con más cobertura en tratamiento de antirretrovirales. Nosotros llegamos a tener 71% de cobertura hasta 2012, nosotros llegamos a tener los mejores medicamentos del mundo, los reactivos para hacerse la prueba diagnóstico, control y seguimiento. Éramos pioneros en la mejor tecnología», destacó Alberto Nieves, director Ejecutivo de Acción Ciudadana Contra el SIDA (Accsi).

En el año 2016 se hizo la última compra de antirretrovirales por parte del Estado y, además, para entonces «no cubría a toda la población de personas con VIH», las organizaciones y la sociedad civil en conjunto con la Red Venezolana de Gente Positiva alzaron su voz, pero «lamentablemente no nos hicieron caso y no compraron más tratamiento», señaló Nieves.

En vista de la situación, en la que muchas personas estaban muriendo, la sociedad civil solicitó ayuda al Fondo Global de Lucha Contra el SIDA, Tuberculosis y Malaria, que después de conocer la situación accedió, a finales de 2018, donar 5 millones de dólares proveniente de los países desarrollados para la compra de medicamentos.

A partir de ahí comenzaron a importar TLD, un antirretroviral fabricado en la India que: «Es la combinación de Tenofovir, Lamivudina y Dolutegravir. Lamentablemente no todas las personas pueden tomarlo, está contraindicado para aquellas que tienen problemas renales, óseos y hepáticos, por lo que en Venezuela se quedaron por fuera 60% de personas con VIH porque no pueden tomar el TLD y el gobierno venezolano no ha comprado tratamientos antirretrovirales desde 2016», detalló el director de la Accsi.

«Ahorita hay un cargamento de antirretrovirales paralizado en la India que fue comprado por otra donación del Fondo Global de Lucha Contra el SIDA, Tuberculosis y Malaria, pero con el COVID-19 todos los vuelos están paralizados», dijo Nieves.

En 2017, la última data de personas con VIH en Venezuela arrojó que había 176 mil ciudadanos con esta condición. Hasta el momento no ha habido ninguna otra cifra oficial, sin embargo «los hospitales están saturados, los médicos han sostenido que durante las consultas pueden llegar hasta 60 casos nuevos semanales y, lamentablemente, no se registran las personas con VIH fallecidas», aseguró Nieves.

En cuanto a la población menor de edad, el programa nacional de SIDA reportó en octubre de 2019 que había 665 casos nuevos con VIH en niños y niñas de 5 a 14 años de edad. «Aproximadamente unas 41 mil personas están recibiendo tratamientos antirretrovirales (gracias a las organizaciones y la sociedad civil), pero sabemos que existen unas 120 mil personas que viven con VIH, según datos oficiales de las Naciones Unidas. Es un número sumamente alto los que quedaron por fuera, eso no puede ser», denunció Nieves.

Los problemas económicos del país han abarcado más que la alimentación en los ciudadanos, pues para muchos hasta pagar un pasaje en oportunidades es imposible haciendo más difícil el acceso a estas medicinas que les brindan un poco de calidad de vida.

«Entre abril y mayo se les entregó tres meses de tratamiento a muchas personas con VIH, que fueron distribuidos gracias a la ayuda de las Naciones Unidas que consiguió gasolina y salvoconductos para poder transportar los medicamentos a todo el país y así reducir sus vistas a los hospitales para no exponerlos a contagiarse del COVID-19. pero hemos tenido grandes limitaciones para que los pacientes puedan asistir a las farmacias de los hospitales, es una sola farmacia por estado, debido al problema de la movilidad, más en personas que viven en sitios muy remotos y no tienen para plata para el transporte».

Mientras tanto, la administración de Nicolás Maduro usa como pretexto las sanciones impuestas por los Estados Unidos. “Pero sí pudieron utilizar los recursos económicos en armas, ¿por qué no compraron medicinas? No solo para el VIH, sino también para otras condiciones de salud», cuestionó el representante de Accsi.

Cuando las malas política han reinado por años, la cruda realidad del desinterés salpica todos los ámbitos. «No hay tratamientos para la tuberculosis, si tienes sífilis tampoco hay reactivos para detectarla y tampoco hay penicilina para el tratamiento, es una emergencia total», dijo Nieves, agregando que «es un problema sumamente grave lo que está ocurriendo en Venezuela y lamentablemente no vemos salida».

«El COVID está invisibilizando las otra condiciones de salud y hay que tener cuidado con eso porque el VIH sigue, la malaria sigue, la diabetes sigue, el sarampión, la tuberculosis, las personas que tienen hemofilia, todo con respecto a eso se paró y además se profundiza y aumentan los casos. Hay una emergencia humanitaria desde hace muchos años y el gran responsable de esto es el gobierno de Venezuela», subrayó Nieves.

El director de Accsi insistió en que la responsabilidad de los fatales resultados del sector salud en Venezuela son responsabilidad del gobierno, al mismo tiempo que pidió sea atendida la emergencia humanitaria del país.

«El Estado está obligado a garantizar el derecho a la salud. El hecho de que existan sanciones, que exista la guerra económica, no los exime de sus responsabilidades. Ellos tienen que asumir su responsabilidad, la crisis en VIH es un problema de derechos humanos. Aquí hay una emergencia, cómo es posible que estén naciendo niños con VIH en un país como este, es sumamente grave».


No hay respuesta para pacientes con cáncer


Las organizaciones de desarrollo social y la red de defensores de derechos humanos de Venezuela han trabajado en conjunto para denunciar que «las personas que viven con condiciones de salud oncológicas están invisibilizadas de todos los programas de respuestas humanitaria para la atención», puntualizó Luisa Rodríguez, presidente de la Fundación de Lucha Contra el Cáncer de Mama (Funcamama).

No existe una respuesta por parte del Ministerio de la Salud hacia los pacientes oncológicos del país, menos un programa dedicado a la salud dentro de los estados o municipios.
«La falta de capacidad de atención dentro del sector hospitalario hace que día a día se pierdan años de vida útil de ciudadanos venezolanos y se incremente el número de muertes prevenibles, ya que una persona sin un tratamiento oportuno es una persona que no tiene ninguna posibilidad de sobrevivir», aseveró Rodríguez.

Desde el año 2016 el Instituto Venezolano de los Seguros Sociales (IVSS) dejó de proveer tratamientos, por lo que las personas no tienen acceso a ellos. Las radioterepias también quedaron fuera del programa de ayuda y, en la actualidad, solo existe un equipo activo de 19 públicos que había, que no tiene la capacidad para atender toda la población con cáncer que existe en el país.

«Las personas han migrado forzosamente para trabajar y enviarles a sus familiares medicamentos desde otros países, pero no existe control del ingreso de estos medicamentos, ni un seguimiento si se conservan las cadenas de frío en el momento del traslado. Luego los pacientes tienen que acudir a clínicas privadas para aplicarse el tratamiento porque los equipos de los hospitales están paralizados, algo que es exageradamente costoso para cualquier ciudadano en Venezuela», detalló Rodríguez.

Quienes no cuentan con la capacidad económica se ven obligados a asistir a los centros de salud públicos para ser evaluados, pero este no tiene los equipos especializados, le faltan reactivos al igual que personal calificado a causa de la diáspora.

«En este momento están vulnerados todos los derechos de una persona con cáncer, al vivir la situación que de una u otra manera han tratado de solventar con sus propios recursos. También en este momento son personas que están inmunodeprimidas y que son el principal foco de ser contagiadas con el COVID-19. Al levantar la cuarentena no estamos tomando en cuenta este número alto de población y que está demostrado que los casos de fallecimiento por COVID-19 eran personas que tenían condiciones de salud no transmisibles, principalmente condiciones de salud oncológicas», sostuvo Rodríguez.

Los problemas con el combustible que han surgido durante la cuarentena se han convertido en otro de los factores que hace más cuesta arriba la llegada de los medicamentos para los pacientes con enfermedades crónicas.

«La falta de movilidad entre las fronteras hace que se imposibilite el hecho de poder traer medicamentos a título personal como estaban haciendo los pacientes. La falta de movilidad entre los estados también ha impedido que los pacientes y el personal médico pueda asistir a los centros de salud», dijo.

Los quirófanos tampoco escapan de la cruda realidad en los hospitales venezolanos, por lo que actualmente el déficit de estos es bastante alto, condicionando a los pacientes que ya tenían cirugías pautadas a esperar mientras su salud se sigue deteriorando.

«El llamado es tanto al gobierno nacional como a la cooperación internacional, en este caso todo lo que es el movimiento de Naciones Unidas, que se considere y se tome en cuenta y se busque una solución para la situación de las personas que tienen condiciones oncológicas, porque la salud de todas y todos es importante y las personas que viven con condiciones oncológicas también son ciudadanos y tienen derecho a vivir con calidad de vida, a tener tratamientos en tiempos oportunos. También tienen derecho a tener un bien morir porque, en este momento en Venezuela, no tenemos ni siquiera morfina para atenuar los dolores que sufren las personas con cáncer cuando están en etapa terminal», recalcó la presidenta de Funcamama.

Las revisiones a estos casos crónicos son una carrera contra el tiempo, debido a que «el cáncer de mama se duplica cada 100 días, por lo que una persona que pasa tres o cuatro meses para llegar a hacerse una biopsia, pasado ese tiempo ya el cáncer que tenía originalmente se duplicó por lo cual se agudiza su situación», explicó Rodríguez.

«Los pacientes oncológicos están totalmente aislados de tener una solución para su problema de salud. A nosotros nos tiene completamente alarmados el hecho de que todos los recursos tecnológicos y económicos y todo lo que se está movilizando en torno al COVID-19 está desviando la atención de la solución para las personas que viven con cáncer», advirtió Rodríguez.

Funcamama es una organización sin fines de lucro que amplió su misión para tratar a personas con condiciones de salud oncológicas y enfermedades no transmisibles. «Nosotros tenemos un programa en alianza con Acción Solidaria de donación de medicamentos, en la que pasamos de entregar más de 2 mil unidosis a simplemente unas 500 unidosis, porque no tenemos capacidad para poder movilizar el inventario ni el personal», dijo Rodríguez, quien añadió que «en los últimos tres meses hay más de seis mil personas que no han tenido acceso a diagnóstico oportuno y tratamiento a sus condiciones de salud».


Consultas a distancia para pacientes hemofílicos


Desde la Asociación Venezolana para la Hemofilia también han creado la modalidad de consultas a distancia para brindarle apoyo a este tipo de pacientes que están lejos del centro de salud.
«Logramos llevar factores (sus medicamentos) hasta ciudades estratégicas, solo para tratar emergencias. De las que dependa su vida, no tenemos mucho», expresó Antonia Luque, presidenta de la Asociación Venezolana para la Hemofilia.

Mencionó que a la asociación «acuden las personas con hemofilia de Distrito Capital, Vargas, Aragua, Carabobo, Miranda» y que quienes logran llegar, a pesar de las dificultades del transporte, «al menos se les da 3 dosis para q las tengan en su casa en caso de emergencia”.

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