La administración de Nicolás Maduro se ha aprovechado del COVID-19 para radicalizar la censura contra medios y periodistas en Venezuela, generando una pandemia de la desinformación.
Así lo detalla el más reciente informe del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa (SNTP), en el que se recopilaron hechos y experiencias que describen el trabajo periodístico en Venezuela entre el 16 de marzo y el 3 de mayo de este año, fecha en la que se celebró el Día Mundial de la Libertad de Prensa.
Cuarenta y nueve días han pasado desde que la administración de Nicolás Maduro firmó un decreto de emergencia, imponiendo la cuarentena como medida de prevención contra el COVID-19, un virus que mantiene en alerta a 190 países, pero que en Venezuela, además de las dificultades y riesgos sanitarios, ha significado también un mayor debilitamiento de la libertad de expresión y la casi extinción de las garantías para el ejercicio del derecho a la información, señala.
Destaca que desde antes de confirmarse los primeros casos de contagios en este país, la persecución contra medios y periodistas ya intentaba inhibir el libre debate sobre un tema de tantísimo interés. Esta práctica terminó convirtiéndose en política y durante este tiempo se le ha negado la posibilidad al periodismo libre, al periodismo independiente, de investigar e informar más allá de la versión oficialista que a diario, y sin la interpelación propia de la búsqueda de la verdad, han ofrecido Nicolás Maduro y sus otros voceros, casi siempre Delcy y Jorge Rodríguez, vicepresidenta y ministro de Comunicación, respectivamente, añade.
El SNTP alerta que publicar información distinta o tan siquiera complementaria a la contenida en el boletín que se lee en los medios del Estado y que replican los medios privados, le ha valido el encarcelamiento a una veintena de periodistas en distintos estados del país, lo mismo que a voceros o fuentes expertas que han rendido declaraciones para opinar u ofrecer datos que, de manera deliberada, omite la administración de Maduro.
Con los días, la cuesta de la censura se ha hecho más alta. No hay voceros oficiales y quienes desde sus áreas de experticia pueden aportar información relevante han optado por ser cautelosos frente a la amenaza de someterlos a la persecución judicial y privarlos ilegal y arbitrariamente de su libertad. Un modelo, por cierto, que se repite en cada uno de los estados del país, como lo demuestra este informe especial, agrega.
El SNTP denunció, además, que las fallas en el suministro de gasolina también para el sector de los comunicadores, por ejemplo, han vaciado las calles de periodistas que puedan revelar el estado en el que se encuentra el sistema público de salud, los llamados hospitales centinelas en los que atienden a pacientes con COVID-19, los Centros de Diagnóstico Integral. Los periodistas tampoco puedan visitar los mercados municipales, los alrededores de las mismas estaciones de servicios, los puntos de control vial, los pasos fronterizos en Táchira, Zulia, Apure o Bolívar, los lugares destinados para recibir y aislar a los migrantes venezolanos, entre otros lugares en los que a diario ocurren hechos importantes.
Más de una violación por día
El Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa desde el 16 de marzo ha documentado 57 hechos que afectan la libertad de expresión y el acceso a la información, así como al derecho al trabajo de comunicadores, periodistas, reporteros, camarógrafos, fotógrafos, asistentes, conductores y todo el personal administrativo de los medios de comunicación en el país.
Las ya complejas condiciones de trabajo para la prensa venezolana, ante la constante censura, la persecución y el amedrentamiento, empeoraron con la cobertura durante la pandemia y ha dejado, hasta el momento, 150 víctimas de violaciones o delitos como censura, intimidación, detenciones, amenazas, descalificaciones públicas y desconocimiento de la inamovilidad laboral, puntualiza el informe.
Agrega que de estos hechos, que son también agresiones, 26 fueron cometidos por fuerzas de seguridad del Estado, cuya política en alcabalas, estaciones de servicio, puntos de control, hospitales y carreteras ha sido, en muchos casos, obstruir el trabajo de la prensa y contravenir la instrucción de permitir salvoconducto a los medios de comunicación y a sus trabajadores para el ejercicio de su labor.
Durante este período se han producido 22 detenciones arbitrarias contra igual número de periodistas y reporteros gráficos, quienes fueron privados de su libertad de forma ilegal e incurriendo en procedimientos que vulneran las principales garantías en los estados de Delta Amacuro (1), Zulia (1), Mérida (6), Vargas (3), Apure (1), Guárico (1), Táchira (2), Cojedes (1), Distrito Capital (6), Miranda (4).
Luego de las detenciones, los hechos más recurrentes son las agresiones verbales y la Intimidación contra trabajadores de la prensa, renglón en el que se cuentan 21 casos. Hay, además, nueve eventos de censura que incluyen el cierre de al menos seis medios de comunicación, cuatro de ellos por medidas arbitrarias de gobiernos regionales y Conatel. Los restantes por la falta de papel y gasolina para transportar sus diarios.
El SNTP registró también cinco situaciones que implican la precarización del trabajo por despidos o suspensiones masivas, negación del salario y finiquito de acuerdos laborales preestablecidos que pusieron en riesgo a un importante número de trabajadores de la prensa.
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