¿Cuántas veces los venezolanos escuchamos a Hugo Chávez gritar: ¡expropiado!? Seguramente son muy pocos los que saben con exactitud las veces que se oyó ese atronador grito, pero lo que si se recuerda perfectamente es la escena cada vez que Hugo Chávez lo exclamaba, como si hubiese sido cuidadosamente ensayada la claque roja se levantaba parecía impulsada por resortes- de sus asientos para celebrar frenéticamente el nuevo anuncio, mientras que parte del personal de la empresa expropiada ingenuamente fungía de comparsa, no pasaba mucho tiempo para que descubrieran muy a su pesar, que no hay peor patrono que el Estado venezolano.
La expropiación de empresas fue vista por muchos venezolanos como un acto de auténtica justicia social, donde Hugo Chávez se transformaba en una especie de Robin Hood que repartía entre los pobres el botín que les fue arrebatado a los ricos. Ello estaba en perfecta sintonía con su discurso político que se centraba en las reivindicaciones sociales, según él la dirigencia política y la cúpula empresarial a la cual se refería despectivamente bajo la categoría marxista de burguesía- se habían confabulado para apoderarse de la renta petrolera para sí, en claro perjuicio de la gran mayoría del pueblo venezolano. La creciente pobreza pasó a ser explicada como un acto de vulgar pillaje, así pues los pobres eran pobres debido a que la burguesía se apoderó de la riqueza que les correspondía. La oferta electoral de Hugo Chávez se centró en saldar la inmensa deuda social, mediante la nada novedosa propuesta de colocar la riqueza petrolera al servicio del pueblo, es decir, reeditar el modelo rentístico petrolero que ya daba claras señales de agotamiento.
La larga lista de empresas expropiadas pasó a engrosar el conglomerado de empresas públicas, según Transparencia Venezuela para septiembre de 2018 de 576 empresas estatales identificadas, al menos 441 fueron creadas o adquiridas durante las gestiones de Hugo Chávez y Nicolás Maduro, por vía de expropiaciones, confiscaciones, nacionalizaciones y re-estatizaciones(1). Las mismas al poco tiempo comenzaron a arrojar pérdidas operativas y financieras asociadas a vicios propios de la administración pública, pero muy particularmente la revolucionaria, tales como la designación de juntas directivas privilegiando la lealtad partidista en lugar de las competencias profesionales, desnaturalización de objetivos empresariales atendiendo a propósitos político-ideológico, casos de escandalosa corrupción y otros más, que siguen repercutiendo negativamente en los niveles de productividad. La gran mayoría por no decir todas, significan una pesada carga fiscal por partida doble, ya que ahora no solo dejaron de contribuir con el pago de impuestos nacionales, sino que el Estado tiene que inyectar fondos para procurar su operatividad sin resultado satisfactorio. El fracaso del proceso de expropiaciones fue reconocido por Nicolás Maduro durante la celebración del lV Congreso del Psuv el 30/07/2018, aunque compartió la culpa, cuando dijo: Los modelos productivos que hasta ahora hemos ensayado han fracasado, y la responsabilidad es nuestra, mía y tuya (2).
En la actualidad no se maneja información de la cantidad de empresas expropiadas que se mantienen activas, ni en caso de estarlo del nivel utilizado de capacidad de producción. En medio de la opacidad de información oficial a lo sumo se pueden efectuar someras estimaciones a partir de algunos indicios, como la existencia o no de productos de determinada marca del ramo alimentario en los estantes de supermercados, por ejemplo la ausencia de café Fama de América hace presumir que la empresa se encuentra paralizada.
El rotundo fracaso del proceso de expropiación de empresas ha traído nefastas consecuencias para la economía venezolana, tales como la desaparición de buena parte del aparato industrial, contracción del producto interno bruto privado, desestimulo de inversión extranjera, fuga de capitales, alto nivel de desempleo y subempleo, aumento de la economía informal, éxodo de talento humano, hipertrofia del sector público, los potenciales pasivos de 47 arbitrajes en el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI) y otros.
Curiosamente a pesar que la cúpula que dirige el poder se mantiene firme en su visión estatista, anticapitalista y antineoliberal de la economía, lo que se manifiesta en los permanentes ataques al sector privado a través de su férrea política de controles de todo tipo y, atropellos al derecho de propiedad a lo largo de los últimos veinte años, en paralelo se ha venido desarrollando un paradójico proceso de privatización que dependiendo de su intencionalidad exhibe dos modalidades, por una parte hallamos una más reciente impulsada por el propio chavismo sin proponérselo circunscrito al ámbito de servicios públicos, y por otra parte, aquella con un largo historial donde el chavismo se fijó el propósito de apropiarse de lo público. Conviene aclarar que la privatización Socialista del Siglo XXl está totalmente reñida, con los principios y prácticas que rigen la privatización en países respetuosos de la institucionalidad.
La privatización de servicios públicos llevada a cabo por el Socialismo del Siglo XXl ha pasado inadvertida ante los ojos de la mayoría de los venezolanos. La realidad es que los venezolanos estamos asumiendo gastos por concepto de servicios públicos, que el gobierno revolucionario está en el deber de prestar de manera eficiente. La aguda crisis de servicios públicos ha servido de trampolín para que en la práctica haya operado su privatización. Efectivamente, desde hace un tiempo en medio de la severa escasez de agua potable, los venezolanos nos hemos visto en la necesidad de contratar camiones cisternas a un alto precio en divisas, adquirir plantas eléctricas para afrontar las constantes fallas del servicio de electricidad, comprar bombonas de gas en el mercado negro (bachaqueo) por irregularidades en el despacho, contratar servicios particulares tanto de telefonía, internet y televisión satelital por el calamitoso servicio de CANTV, cancelar compañías de seguridad ante la falta de vigilancia policial y suscribir pólizas de seguro médico en vista del marcado deterioro del sistema público de salud.
En medio de la crisis humanitaria buena parte de los venezolanos se ven impedidos de disfrutar de los servicios públicos privatizados, en razón de su bajo poder adquisitivo. Se debe tener presente la premisa económica que el bien más caro siempre es aquel que es escaso. Lamentablemente a diario se repiten incesantemente escenas de hogares alumbrados con velas, personas de todas las edades cargando recipientes con agua y la sorprendente reaparición de fogones a leña. No todos los venezolanos pueden costear las tarifas de los servicios privatizados, ello queda reservado para un selecto grupo de la población.
También se podría asegurar sin temor a equivocaciones que el chavismo ha instrumentado un proceso de privatización, cuando de ex profeso hace suyo bienes públicos que por su condición están destinados, al disfrute de todos los ciudadanos sin ningún tipo de distinción. El mejor ejemplo para ilustrar la aludida privatización sin duda es la situación planteada con Venezolana de Televisión (VTV) cuyo eslogan irónicamente es: El canal de todos los venezolanos. Nada tan alejado de la realidad. Lo cierto es que VTV es un canal al servicio exclusivo del Psuv donde no tiene cabida ninguna voz disidente. VTV es un medio propagandístico consagrado al servicio del Psuv. En el cual se somete al escarnio público a todo aquel que se oponga al proyecto chavista, sin que se tenga ninguna oportunidad de réplica. VTV es uno de los exponentes más aberrantes del sectarismo político en Venezuela. VTV fue privatizada por la revolución, por no decir, secuestrada.
Esta modalidad de privatización no conoce límites, llegando a abarcar espectros insospechados de la vida nacional. Si bien el exponente más visible es VTV debido a su exposición mediática hecha la salvedad de su bajo nivel de sintonía- el más palpable, dada la crisis que sufrimos en carne propia, es la debacle de Pdvsa. Previamente a la llegada del chavismo al poder Pdvsa era una empresa pública que operaba bajo un esquema organizacional privado, concebido muy sabiamente desde el mismo momento de su nacionalización (01/01/1976) para alejarla de la diatriba político-partidista, con el objetivo de crear un ambiente de trabajo donde prevaleciera la excelencia profesional como principal valor organizacional por encima de cualquier otro (meritocracía). El chavismo sustituyó ese exitoso esquema organizacional por el imperante en el resto de las empresas públicas, heredando los mismos vicios que las condenaron al fracaso. El despido de 20.000 trabajadores en el año 2002 marcó un hito en la historia de la industria petrolera. El chavismo bajo el demagógico pretexto de colocar la riqueza petrolera al servicio del pueblo, lo que hizo fue privatizar la industria petrolera. Las diferentes modificaciones a la Ley del BCV y el consiguiente desvío de fondos hacia el Banco de Desarrollo Social (Bandes), permitieron al chavismo el manejo de la renta petrolera a su entera discrecionalidad sin ninguna rendición de cuentas, indiscutiblemente se trató de la mayor partida secreta de nuestra historia.
Abundan otros muchos ejemplos como la privatización de penales a cargo de pranes, que obtienen grandes utilidades producto del cobro de tarifas al resto de los reclusos, inclusive dirigen extorsiones y secuestros express desde esos lugares. La privatización de la comercialización de los pocos productos fabricados por empresas expropiadas, como el caso del cemento cuyo precio en el mercado negro es exorbitante.
De modo pues que cuando a usted un chavista lo acuse de neoliberal por simpatizar con la privatización, con toda razón le puede espetar: ¡neoliberal, serás tú!