Durante la pandemia del coronavirus, en Venezuela ha aumentado el número de denuncias sobre restricciones, censura, represión y persecución contra los ciudadanos en medio de la cuarentena. Expertos analizan que el confinamiento ha servido al gobierno para profundizar el control social.
La pandemia ha sido usada por el gobierno de Maduro para afianzar sus prácticas autoritarias, cerrar espacios a la sociedad y además ha tratado de imponer una verdad oficial sobre el tema, dijo a HispanoPost el coordinador de Provea, Marino Alvarado.
Explicó que la administración de Nicolás Maduro ha utilizado mecanismos de control basados en la lógica militar que tiene el gobierno donde todo lo viene resolviendo con política represiva.
Los problemas de la pandemia, orientados a garantizar que la gente cumpla las normas preventivas, son usadas en una combinación de mensajes confusos junto con represiones para meterle miedo a la gente. Además, emite mensajes confusos puesto que en el momento de mayor crecimiento de la pandemia se empezó a flexibilizar. La gente no entiende, subrayó.
Alvarado señaló que la emergencia sanitaria agarró a los venezolanos en una situación de deterioro profundo de los servicios públicos de salud. Agregó que el mecanismo que ha usado el gobierno es ocultar esa realidad persiguiendo a médicos, enfermeras y personal de salud que trate de visibilizar la situación que se pone mucho más en evidencia con la pandemia.
Hemos tenido una persecución a comunicadores sociales que se han atrevido a informar. Toda esta lógica represiva del gobierno, bajo un criterio militarista, se ha puesto más en evidencia. Meten miedo a la población para que se autocensure a la hora de emitir una opinión por redes sociales. Han impuesto una autocensura muy fuerte, la gente se está cuidando hasta de poner estados de Whatsapp, acotó.
El representante de Provea asegura que los más afectados por estas políticas son los pobres, que son la mayoría. Es una situación contradictoria porque necesitas garantizar que las personas estén en su casa como medida preventiva, pero con un caos en los servicios públicos. Sin agua, además no pueden cocinar porque no tienen gas y hay apagones. Y por la situación económica tienen que salir a trabajar, sostuvo.
La abogada directora de la Coalición por los Derechos Humanos y la Democracia, Ana Leonor Acosta, expresó su preocupación debido a que después de más de tres meses es increíble que los tribunales no estén trabajando, pero que además no haya ningún método externo para garantizar el acceso a la justicia a los venezolanos.
Llama la atención que la Defensoría del Pueblo en una situación tan grave no tenga operativos especiales para garantizar a las personas sus derechos humanos. En igual situación está el Ministerio Público. Se privilegian a peluquerías, ferreterías, pero jamás se habla de la justicia y las instituciones públicas que tienen que estar prestando servicio. Solo vemos desplegados a los cuerpos policiales y militares, criticó.
Asimismo, agregó: No hay despacho para los venezolanos, pero vemos como el Tribunal Supremo de Justicia sí trabaja para emitir decisiones políticas que favorezcan al gobierno de Nicolás Maduro. No hay tribunales, pero sí hay un CNE trabajando para unas elecciones. Vemos que el único interés del gobierno es cómo controlar al venezolano.
Aseguró que durante la cuarentena el gobierno ha conseguido la excusa perfecta para tener a las personas sin libertad de expresión, sin libre circulación, sin intercambio social y, en este caso, con medidas judiciales y electorales para seguir perpetuándose en el poder.
El drama de los que regresan al país
Para Marino Alvarado, los retornados han sido estigmatizados y responsabilizados del crecimiento del coronavirus en el país. Explicó que esa estigmatización primero genera un problema de salud porque estimula que las personas que están regresando ingresen por los caminos verdes y no los caminos formales.
Eso genera un problema porque el gobierno no tiene las cifras de cuántos están retornando. Por otro lado, las personas que retornan por los canales regulares son recluidas de manera forzosa en lugares que no reúnen condiciones dignas para que las personas estén. Los estigmatizan y los ponen en riesgo por la situación de rechazo colectivo a las que son puestos, afirmó.
Para Ana Leonor Acosta, el trato los ciudadanos provenientes de Colombia y Brasil evidencia que no se está tratando a los venezolanos con derecho a la igualdad. Los retornados están siendo llevados prácticamente a campos de concentración, no son lugares aptos para pasar un virus, alertó.
Si tienen el virus, no cuentan con la atención necesaria, pero si además no lo tienen están recluidos en condiciones complejas. Tenemos casos de personas que vienen desde Colombia y los dejan 45 días en refugios en los que no hay agua, no hay accesos a servicios sanitarios y están como presos. No pueden salir y nadie puede irlos a ver tampoco. Se ha hecho un manejo con el discurso del gobierno cuando se habla de casos comunitarios y casos importados, puntualizó.
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