El Departamento de Justicia acusó al presidente Nicolás Maduro, a funcionarios de su gobierno y hasta efectivos del estamento militar, comenzando por el ministro de la Defensa, general Vladimir Padrino López, de estar incursos en actividades vinculadas con el terrorismo y el narcotráfico.
Podría ser otro gran golpe para el régimen porque, aunque Venezuela llegó a ser principal suplidor de crudo del mercado estadounidense, llegando a exportar en 1997 un máximo de 1,7 millones de barriles diarios, con casi el 20% del crudo importado por Estados Unidos, hoy esas cifras rondan los 450 mil barriles diarios a destinos principalmente en Asia.
Analistas sostienen que el desplome de los precios del petróleo y las limitaciones al comercio internacional ocasionadas por el coronavirus están generando una asfixia total a los flujos financieros que tenía el régimen de Maduro por la triangulación que PDVSA realizaba en la comercialización de crudo para eludir las sanciones y también por la venta de metales.
Uno de los ingresos adicionales que tiene la economía venezolana, los militares y el régimen de Nicolás Maduro, y sabemos que ha sido distribuido incluso para los gobernadores, son los recursos obtenidos por las minas de oro, pero en estas circunstancias quedan diezmados rápidamente, sostiene el economista venezolano Gustavo Rojas Matute, académico en George Washington University,
Ante este escenario se enfrentan las cinco empresas estadounidenses que todavía tienen presencia en el sector petrolero venezolano, pero el próximo 22 de abril podría marcar su retiro definitivo de este país, en algunos casos por más de 100 años. Todo dependerá de si el Departamento del Tesoro de Estados Unidos -a través de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC, por sus siglas en inglés)- extiende o no la licencia que les permite trabajar en el marco de las sanciones que impuso el gobierno de Donald Trump para que ocurra un cambio político en la nación sudamericana y se logre restablecer la institucionalidad democrática.
Hay académicos, no obstante, vinculados al sector energético que no comparten que la no renovación de la licencia necesariamente signifique el cambio definitivo a corto plazo. En cambio, advierten que la geopolítica estadounidense perdería un nuevo espacio, que pasaría a ser ocupado por China o Rusia.
En enero de 2019, la administración Trump extendió las sanciones que ya había contra Venezuela. Primero, las adoptadas por el gobierno de Barack Obama en 2015 y luego en 2017, las cuales significaron la suspensión de la actividad comercial petrolera con Estados Unidos, lo que ocasionó que esta nación después de una centuria dejara de exportar crudo y combustibles hacia su principal mercado.
La medida adoptada a través de la OFAC para el sector petrolero incluía la disposición de que las empresas estadounidenses dejaran de operar en Venezuela en un lapso de seis meses, es decir, se les dio un plazo hasta julio de 2019. Ese permiso incluía a cinco compañías. Chevron, que es la única compañía aguas arriba en sociedad minoritaria con la estatal Petróleos de Venezuela (PDVSA), y cuatro empresas de servicios: Halliburton, Schlumberger, Baker Hughes y Weatherford.
A raíz de la guerra del petróleo provocada por Rusia y Arabia Saudita y la caída de la demanda por parte de China, la producción de Chevron y demás empresas mixtas han bajado sustancialmente y se vislumbra que en abril las exportaciones de crudo venezolano por parte de los rusos sean nulas.
El economista venezolano Francisco Monaldi, académico del Baker Institute de la Universidad Rice en Houston, señala que prácticamente la única empresa estadounidense que permanece en el sector de los hidrocarburos de Venezuela es Chevron, porque las contratistas de servicios han reducido su presencia debido a los montos que les adeuda PDVSA. Considera que revocar la licencia para operar no agrava más la situación ni tampoco pueda incidir en un cambio político de Venezuela.
En el caso que renueven la licencia, mi sensación es que la diferencia no va a ser muy grande en el corto plazo, porque en este momento la restricción fundamental que enfrenta Venezuela viene dada por la caída del precio de petróleo y los descuentos que tiene que otorgar Venezuela, sostiene Monaldi. En el mediano plazo, sobre todo para la reconstrucción de la industria petrolera venezolana, no hay duda de que un aliado como Chevron es absolutamente fundamental porque no hay tantas empresas grandes que puedan invertir en proyectos en la faja del Orinoco, acota el experto.
Monaldi también alerta que una empresa como Rosneft podría asumir activos que actualmente tiene Chevron y cita básicamente el caso de la empresa mixta Petropiar, que por sus características de producción de crudos pesados y extrepesados para ser mejorados en mezclas más livianas semejan a las que tiene la empresa rusa con Petromonagas.
Indica que la no renovación de la licencia pudiera agilizar el cese de operaciones en Petroboscán, que arroja pérdidas en la actual coyuntura generada por la pandemia del COVID-19 y la guerra de precios en el mercado petrolero. Algunos campos, como Boscán, no son rentables en este nivel de precios, afirma Monaldi.
Gustavo Rojas también coincide, siendo del criterio que la OFAC debería extender la renovación de la licencia a estas cinco compañías.
Sería algo económicamente viable y políticamente importante mantener en este momento esas licencias, porque no le hace un daño adicional al régimen de Nicolás Maduro no renovarlas, sostiene.
Si se saca a una empresa norteamericana, obviamente lo lógico es que sea reemplazada y por la información de la industria petrolera se sabe que empresas como Rosneft podrían tomar control de una compañía operada por Chevron en el muy corto plazo, añade.
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