La cuarentena por el COVID-19 ha profundizado la situación crítica que ya vivían los presos políticos en Venezuela, sometidos a procesos judiciales irregulares y en condiciones de reclusión que atentan contra su estado de salud.
Así lo detalla el director del Foro Penal Venezolano, Alfredo Romero, quien denunció que la pandemia ha servido al gobierno para restringir aún más el derecho a la defensa de los presos políticos.
La pandemia ha servido para violar el derecho a la defensa, situación que hemos denunciado ante la oficina de la alta comisionada de los derechos humanos de la ONU, Michelle Bachelet, la Corte Interamericana de derechos humanos y la fiscalía de derechos fundamentales, afirmó.
No es posible que a estas alturas no haya un mecanismo con prevenciones de salud para garantizar el derecho a la defensa, señaló al referirse al cierre de tribunales por el coronavirus. Reveló que durante los casi cuatro meses de confinamiento han aumentado los traslados ilegales y desapariciones forzosas, sin ningún tipo de orden judicial o notificación a sus abogados.
Romero detalló el caso del escritor y docente, Javier Vivas Santana, detenido el pasado 4 de abril por retuitear una foto sobre una Guardia Nacional. Se le imputa delito a la Ley del Odio aprobada por la Asamblea Nacional Constituyente. Ha presentado convulsiones y problemas en un ojo, según informó su esposa, porque a nosotros no nos han permitido ningún tipo de acceso, dijo.
Olys Velásquez, esposa de Santana, denunció: Ya Javier debe estar cercano a pesar 40 kilos y eso que he enviado informe médico con sugerencias médicas. Siento que quieren que Javier pierda la vida. ¿Por qué no lo trasladan?».
Ya se cumplieron 100 días de la detención ilegal de mi esposo por parte de entes gubernamentales que, a pesar de presentar patologías de epilepsia y ser discapacitado, no han tomado en cuenta su situación de salud. Ni siquiera han respondido al pronunciamiento de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), donde insta a los Estados a velar por la integridad física, así como asegurar las medidas adecuadas de higiene, alimentación, salud y COVID-19, para personas privadas de libertad, indicó.
Calificó como angustiante no poder ayudar a un familiar, no saber si están quebrantados de salud, sin verificar su integridad emocional, moral y física.
Esto es un verdadero calvario, sobre todo por la situación de contagios del coronavirus, que está repuntando en la mayoría de los estados del país. Es entendible preocuparse de que pueda surgir un foco de contagio en los centros penitenciarios, debido a las condiciones en que pudieran encontrarse los internos, con el perjuicio de tener que lamentarse por no tomar las previsiones necesarias, dijo la esposa de Santana.
Otra denuncia con respecto a los presos políticos se refiere al diputado Renzo Prieto, quien cumplió 120 días privado de libertad. Su hermana, Carolina Prieto, dijo a HispanoPost que no tienen información acerca del estado de salud del parlamentario, pese a que otro de sus hermanos utilizó las redes sociales para revelar que sufre serios problemas en su columna.
No tenemos información como familia, esa es la inquietud. Es preocupante en vista de que ya cumple cuatro meses de su detención y secuestro, y ni siquiera una llamada telefónica le han permitido hacer para saber cuál es su estado de salud, señaló.
Precisó que justamente antes de su detención él estaba presentando un estado de salud en su columna. Se había hecho una serie de estudios que arrojaron un estado de salud que determinó que necesitaba reposo absoluto y tratamiento, y luego fue detenido. Sabemos que él no está bien y con la detención debe estar más afectado, indicó Prieto.
Aceptó el hecho de que durante la pandemia no permitan las visitas, pero no veo el motivo de que no le permitan una llamada telefónica para conocer cuál es su estado.
Informó que al diputado Prieto se le acusa de no haberse presentado, debido a la medida cautelar de presentación que tenía. Eso es falso y la abogada que lo asiste tiene las pruebas; eso es mentira, él nunca evadió su responsabilidad. Es una excusa del gobierno para volver a meterlo preso, aseguró la hermana del legislador.
Familiares de Roberto Marrero, funcionario de la administración de Juan Guaidó recluido arbitrariamente por la administración de Nicolás Maduro, exigieron este viernes 10 de julio su liberación inmediata.
Su hermano, Reinaldo Moreno, se refirió en Twitter a su estado de salud: Hoy #10Jul mi hermano @ROBERTOMARRERO cumple 477 días de su injusto secuestro judicial. Roberto es asmático e hipertenso, su vida corre peligro Exigimos #MedidasHumanitariasYA, su libertad inmediata.
Hasta el momento, según cifras del Foro Penal Venezolano, se registran en Venezuela 420 presos políticos, sin derecho a la defensa.
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