La Organización Internacional del Trabajo recibió comunicaciones del movimiento sindical venezolano en las que se exige la inmediata liberación de Rubén González, secretario general del Sindicato de Trabajadores de la Ferrominera del Orinoco, sentenciado el martes a 5 años y 9 meses de prisión por un tribunal militar.
Las confederaciones de Trabajadores de Venezuela y de Sindicatos Autónomos de Venezuela, la Unión Nacional de Trabajadores, la Central General de Trabajadores y el Movimiento de Sindicatos de Base rechazaron la decisión.
Fue un proceso totalmente viciado e injusto, propio de este gobierno dictatorial, manifestó Serbando Carbone, directivo de la Unete. Recordó que enseguida de la detención del dirigente de Sintraferrominera a fines de noviembre de 2018 el director de la OIT, Guy Rayder, y el Comité de Libertad Sindical del organismo recibieron las denuncias correspondientes.
Pese a que este caso estaba en la agenda de la Comisión de Encuesta que estuvo en Venezuela en julio, el gobierno impidió la visita de los expertos laborales a Rubén González encarcelado en La Pica, destacó Carbone.
Explicó que la decisión judicial del martes hará que el informe de la comisión de la OIT sea condenatorio al gobierno de Nicolás Maduro por las graves y constantes violaciones al Convenio 87 sobre Libertad Sindical.
Pese a ser una audiencia pública, no permitieron el ingreso a los familiares y compañeros de trabajo de Rubén González además de que la sede del tribunal fue tomada por efectivos de la Dirección General de Contrainteligencia Militar, sostuvo Pablo Zambrano, representante de Mosbase.
Recalcó que el sindicalista es un preso político, perseguido durante años por los militares del estado Bolívar.
En marzo de 2011, González fue sentenciado a 7 años y 6 meses de prisión por dirigir una huelga en la Ferrominera, acción que ocasionó el rechazo nacional e internacional del mundo sindical y de defensa de los derechos humanos.
Esto originó que la sentencia fuera derogada enseguida por el Tribunal Supremo de Justicia que ordenó un nuevo juicio, el cual le dio la libertad plena en 2014. Las alarmas del movimiento sindical se prendieron de nuevo con la condena del martes y ayer hubo una concentración ante la sede de la Corporación Venezolana de Guayana, de la cual Ferrominera es filial.
Yunis Hernández, dirigente sindical de la Siderúrgica del Orinoco, destacó: Los trabajadores de Guayana y Venezuela seguirán insistiendo en sus sitios de labor, en la calle y ante la OIT en la libertad de Rubén González y el cese de la persecución contra los trabajadores y la dirigencia sindical que defiende la democracia y los derechos a la contratación colectiva, salarios y trabajo decente que este gobierno ha conculcado.