La emergencia humanitaria compleja que afecta a Venezuela, la falta de coordinación entre una legislación desordenada y los organismos del Estado que no garantizan los estándares mínimos, sumado a la falta de preparación y corrupción de funcionarios públicos, son factores que están facilitando la operación en el país de las redes de tráfico de personas, que afectan también a niños y adolescentes a los que se les está explotando cada vez a menor edad.
Esta conclusión es una de las principales que arroja un trabajo conjunto realizado por el Instituto de Investigaciones Jurídicas y el Centro de Derechos Humanos de la Universidad Católica Andrés Bello.
Este trabajo conjunto del IIJ y el CDH, realizado entre 2018 y 2019, forma parte del programa Reto País y les tomó siete meses de investigación de campo.
En este sentido, la directora de la Escuela de Derecho, Milena Liani, explicó que en 130 países del mundo operan estas redes de delincuencia organizada que afectan a 2,4 millones de personas, pero que la manera cómo actúan, favorecidas por la clandestinidad, impide que sean más visibilizadas. En el caso venezolano, dijo que la situación de necesidad y carencias en la que está sumida la mayor parte de la población la hace más propensa a caer en estas redes, de allí la necesidad de sensibilizar a los funcionarios y auxiliares de la justicia.
Liani dijo que la UCAB siente orgullo académico de que se estén abordando estos temas, al mismo tiempo que es doloroso tener que ocuparse de una realidad tan desgarradora.
Los investigadores que presentaron el trabajo en el foro Dinámicas de trata de personas, especialmente la que victimiza a niños, niñas y adolescentes, en la Gran Caracas y estado Bolívar, coincidieron en que los funcionarios que deben ocuparse de la materia no tienen claro cuáles son los elementos constitutivos del delito de trata de personas, que consta de estas dinámicas: captación, transporte, traslado, acogida o recepción de personas con fines de explotación, en condiciones de limitación de la libertad de las víctimas.
Educar y sensibilizar
Además de Carla Serrano y María Gabriela Cuevas, participaron en el foro Selene Soto, abogada senior de Womens Link Worldwide (teleconferencia) y Desireé Vitale, exfiscal titular del Ministerio Público.
Las expositoras coincidieron en mencionar que las muchas omisiones del Estado, entre ellas la de no dotar oportunamente de identificación a los venezolanos, facilita la comercialización de menores de edad. Asimismo se advirtió que, aun con buena fe y por desconocimiento, muchas personas pueden estar incurriendo en actos tipificados como delitos de trata de personas cuando, por ejemplo, aceptan la colocación o entrega directa de niños en familias que no son las propias, sin cumplir con los trámites regulares.
Carla Serrano dijo que existe una red pública de recepción de denuncias, de la que forma parte la Oficina Nacional Contra la Delincuencia Organizada y Financiamiento al Terrorismo (Oncdoft), pero no hay protocolos comunes, de modo que parte de la tarea pendiente es desarrollar un protocolo único. Además, otra carencia es la falta de cifras confiables, de modo que para la investigación debieron trabajar con las que levantan las ONG y los periodistas.
Refirió que hace veinte años, cuando se incorporó al equipo del IIJ para trabajar con la aplicación de la Ley Orgánica para la protección de niños, niñas y adolescentes (LOPNNA), nunca pensó que iba a tener que investigar la trata de menores de edad en Venezuela como delito organizado.
Lamentó que no existe en Venezuela todavía mucha comprensión hacia la investigación académica y tuvieron que enfrentar el temor, lo que dificultó algunas entrevistas. Sin embargo, pudieron tener acceso a funcionarios activos del Estado, así como obtener información sobre los puntos migratorios principales donde estas redes operan, en los estados Zulia y Sucre, así como en Trinidad y Tobago.
Explicó que la investigación la desarrollaron con un enfoque socio-jurídico que identificó todas las fases de la dinámica de la trata de personas, en particular de niños, niñas y adolescentes, en Gran Caracas y estado Bolívar. Entrevistaron a 24 personas: siete representantes de organismos del Estado, ocho representantes de ONG y nueve periodistas. En esta etapa de la investigación no entrevistaron a víctimas de las redes.
Dejaron claro que las personas traficadas no son solo para la explotación sexual, también se les usa para el trabajo esclavo doméstico o en las minas, matrimonios o uniones forzadas, tráfico de órganos y mendicidad.
María Gabriela Cuevas dijo que la comercialización de seres humanos es la frase que mejor define el problema de la también conocida como esclavitud moderna.
Sobre el presunto consentimiento que daría la víctima para, por ejemplo, prostituirse, Cuevas afirmó que siempre el delincuente que capta actúa bajo engaño, sea este total o parcial, y una vez que ha alejado a la víctima de su entorno ejerce los mecanismos de poder y dominación que la someten a ser explotada en condiciones que no se le informaron.
La captación se adapta al mercado, la víctima no se escoge al azar, responde a la demanda, comentó Cuevas. Añadió que muchos jóvenes están aceptando incorporarse como captadores de estas redes porque en un entorno de tanta carencia cualquier cosa que se les ofrezca es un incentivo.
En las condiciones socioeconómicas existentes en Venezuela, explicó que las mujeres y niñas también los varones se ven forzados a aceptar ofertas engañosas de los que captan, pero la legislación establece claramente que una supuesta manifestación de voluntad no tiene ningún valor cuando se trata de un ser humano que es explotado de diversas formas, siendo la sexual la más frecuente.
Con Información de la UCAB
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