Una embarcación sin techo, una alerta de tormenta y mucha información cruzada marcan la situación de los 16 menores de edad de nacionalidad venezolana, entre los que se incluye un bebé de 4 meses de nacido, que fueron deportados por el gobierno de Trinidad y Tobago, tras negárseles ingreso a las islas junto a sus padres y representes en condición de migrantes y refugiados.
La deportación de estos niños ha despertado la atención del mundo. Luego que el dirigente venezolano David Smolansky, nombrado como comisionado de la Organización de Estados Americanos (OEA) por Juan Guaidó, se hiciera eco de la información a través de las redes sociales, los distintos organismos que velan por los derechos humanos se fueron pronunciando. Tal es el caso de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que solicitó se garantizara la protección de los menores y se reunificarán las familias.
El internacionalista Vicente Márquez señaló que durante la deportación arbitraria de estos menores de edad se violaron al menos tres tratados internacionales. Se trata de una violación de los tratados consulares a nivel de deportación, tenía que haberse hecho de una forma legal. Es importante aclarar que el ministro de Seguridad Nacional de Trinidad y Tobago nunca autorizó la deportación de forma oficial.
Márquez explicó que el ministro es la única autoridad competente para hacer ese tipo de deportaciones. Aparentemente la decisión se tomó a nivel de las autoridades inferiores, es decir, cuerpos de seguridad que seguramente hicieron un allanamiento y consiguieron a estas personas y se produjo la deportación, dijo.
El hecho ocurrió el pasado 22 de noviembre, pero no fue hasta el lunes 23 que se comenzó a exigir fe de vida y respuestas para estos menores de edad que fueron separados de sus familiares. La información fue confusa y encontrada. Solo hasta la tarde de este martes 24 se pudo obtener la primera fe de vida, a pesar de que hubo quienes aseguraron que la embarcación donde se trasladaban los deportados había tocado suelo venezolano en el estado Delta Amacuro. No obstante, el mismo Smolansky fue quien confirmó que los niños habían retornado a Trinidad y Tobago este martes. Pidió que se les garantice a los niños y sus familiares integración y protección.
Fue tan ilegal la acción de quienes llevaron a cabo la deportación que, inclusive, los representantes de organismos de defensa de los derechos humanos en Trinidad hicieron la apelación ante las cortes de Trinidad y estas pidieron al gobierno que hiciese todo lo concerniente a que estas personas regresaran porque la deportación fue hecha con vicios de ilegalidad, explicó Márquez.
Añadió que también se violaron tratados a nivel de la Organización de Estados Americanos y Naciones Unidas en cuanto a la deportación de personas, y sobre todo porque se dividieron grupos familiares. Hay que recordar que salió un grupo de menores sin sus padres, que estaban en la isla y no fueron deportados, lo que lo convierte en una violación a los derechos a la infancia, porque hubo una cercenación a los derechos de estos niños al ser separados de sus familias, afirmó.
Más temprano el diputado de la Asamblea Nacional, Robert Alcalá, planteó la posibilidad de buscar aliados internacionales que mantengan relación con Trinidad y Tobago para conocer la lista de venezolanos presos y exiliados en este país, al tiempo que condenó que se mantengan a ciudadanos presos en jaulas y otros atropellos.
Otros parlamentarios, así como el presidente de la Asamblea Nacional y presidente encargado de Venezuela, Juan Guaidó, exigieron a las autoridades trinitarias respuesta y acción para solventar la situación de estos niños que pasaron al menos un día en alta mar.
Por su parte, el ministro de Seguridad Nacional de Trinidad, Stuart Young, desestimó la veracidad de las edades de los deportados, durante una rueda de prensa: He visto el supuesto reporte sobre los 16 niños, pero ahora pregunto: ¿Alguien ha visto a esos individuos? ¿Quiénes son? Muestres certificados de nacimiento.
Márquez argumentó que desde las autoridades venezolanas se debe mantener el reclamo hacia las autoridades trinitarias, a nivel de gobiernos y por el otro establecer una demanda a nivel de Acnur y de la OEA, aunque sabemos que el gobierno oficialmente desconoce el papel de la OEA en el país.
Otra cosa que destaca el internacionalista es el silencio de parte de la administración de Nicolás Maduro. Por el lado venezolano hay una clara inobservancia por parte de las autoridades gubernamentales porque hasta este momento no han ofrecido ninguna declaración oficial al respecto. En el caso trinitario había sucedido, pero no incluía la separación de menores de edad de sus familiares y solía incluir una autorización del ministerio respectivo, cosa que aparentemente en este caso no hubo.
Representantes de la diáspora venezolana también alzaron su voz ante el temor de que esto se repita en otros países donde los venezolanos han migrado.
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