La migración venezolana sigue preocupando al mundo, en especial cuando ocurren hechos como la deportación de los 16 menores de edad que llegaron a Trinidad y Tobago el fin de semana pasado y les fue negado su ingreso a la isla. Claudia Vargas Ribas, profesora e investigadora en el departamento de Ciencias Sociales de la Universidad Simón Bolívar (USB), explicó que la legislación de ese país no estipula medidas de protección y respeto a los derechos humanos de los migrantes.
La ley de movilidad y migración de Trinidad y Tobago es supremamente restrictiva. Es una ley del 76 con un respeto casi nulo de los derechos humanos. Ha tenido algunas enmiendas, pero no se ve una actualización con enfoque en los derechos humanos. Hay una categoría para las clases bajas, que la persona que entra de manera irregular es considerada como un delincuente y se le da ese tipo de tratamiento, como sucedió con los 16 menores de edad, dijo Vargas.
Aseguró que cuando las autoridades de un país no respetan el lenguaje inclusivo se puede dar pie a actos xenófobos. La xenofobia viene porque si desde las mismas autoridades tienes un discurso que dice que estas personas que entran por vías irregularidades son delincuentes, puedes poner a tu población en alerta contra esos venezolanos que están llegando en peligro por vías irregulares. Las personas no se van en plan de un viaje de placer sino en condiciones de extrema necesidad, muchas veces engañados con falsas promesas de un trabajo.
Se han observado actos xenófobos contra los venezolanos migrantes en algunos países, en especial aquellos más cercanos a Venezuela, donde ha llegado la mayor cantidad de connacionales. Pero Trinidad y Tobago ha sido denunciado como un campo para la explotación laboral y sexual, narcotráfico, comercio ilícito y trata de blancas.
Julio Henríquez, coordinador legal internacional de Foro Penal, señaló que, a pesar del discurso adverso de las autoridades trinitarias, sus tribunales están trabajando en dar respuesta a los migrantes y refugiados venezolanos. El discurso del primer ministro y del gobierno de Trinidad y Tobago ha sido ignorar sus obligaciones internacionales e incluso sus obligaciones legales bajo la legislación trinitaria en relación a los migrantes. No han respetado sus derechos, una muestra de que están abiertamente en desafío a esas obligaciones internacionales que tienen con los refugiados y esas personas que están en situación de vulnerabilidad.
La obligación que ellos tienen es que deben revisar caso por caso, cada persona tiene derecho a presentar su propio caso. No pueden tratar a los niños como líderes de una banda criminal. Afortunadamente, la Alta Corte de Trinidad y Tobago en Puerto España ha reconocido esto y los ha obligado a cumplir con sus obligaciones. Los juicios siguen pendientes, pero los tribunales han demostrado que no están replicando el mensaje antimigrante violatorio.
Por su parte, la diputada de la Asamblea Nacional, Larissa González, informó que entre el 31 de mayo y el 14 junio de 2019 se realizó el registro de migrantes en ese país. Más de 10 mil venezolanos lograron registrarse. Este registro lo llevó a cabo el Ministerio de Seguridad Nacional. Quienes se registraron en ese momento obtuvieron permiso de trabajo. Sin embargo, algunos trabajan por bajos salarios porque llegaron posteriormente al registro, mientras muchos más venezolanos continuaron llegando a la isla de forma ilegal. La situación de los migrantes desde hace cuatro meses es de persecución. La policía creó una aplicación para buscarlos en sus residencias.
Situación actual
La parlamentaria detalló la situación de los venezolanos en Trinidad y Tobago: Según la asociación trinitense Living Water Community (LWC), auspiciada por la ONU, más de un centenar de venezolanos había acudido a las autoridades de este país en busca de asilo en lo que va de año, ante el deterioro de la situación política y social en Venezuela. La coordinadora de LWC para migrantes y refugiados, Rochelle Nakhid, explicó que la respuesta de las autoridades trinitenses y venezolanas ha sido reforzar la seguridad en la frontera, algo que en su opinión puede empeorar las cosas.
Explicó que el gobierno de Trinidad respeta solo a quienes tienen el registro que se hizo el año pasado. Puntualizó los casos más controversiales de agresión en contra de venezolanas en Trinidad. Está el caso de Stefany Flores, la joven de 18 años golpeada, apuñalada y presuntamente violada, sometida por sujetos en un taxi cuando se dirigía al lugar donde trabaja con su familia vendiendo desayunos. El segundo caso, el de la joven deltana Jhoanna Díaz Sánchez, de 32 años, asesinada por su excompañero, con quien había vivido y se había separado por recibir maltratos. Se trataba de un mecánico de 35 años de Trinidad. El otro caso donde perdió la vida una venezolana fue el de un empleado de la embajada de Venezuela en Trinidad, un ciudadano cubano que asesinó por estrangulamiento a su pareja de Nueva Esparta, identificada como Jhoandry Salas y quien tenía tres meses de gestación.
El abogado de Foro Penal reiteró que esta situación de riesgo no solo ocurre en la isla. Las mujeres asesinadas en Trinidad y Tobago, así como los múltiples casos de trata de mujeres hacia este país, forman parte de los riesgos de una migración forzada en estado de vulnerabilidad. Esto está ocurriendo en muchos países, no solamente en Trinidad, solo que los demás países han tomado distintas formas de actuar, pero Trinidad no ha respondido en lo absoluto en proteger a los migrantes y donde hay una preocupación. Están poniendo en el mismo saco a los niños refugiados, a las víctimas de tratas, entre otros, y no se puede porque hay que estudiar cada caso en particular.
También la investigadora dijo que esto ocurre en gran medida por la alta población venezolana que ha llegado de manera ilegal a países pequeños. La situación es bastante compleja porque las islas del Caribe ofrecen muy poca información en cuanto a refugios y asilos. La Acnur dice que en Trinidad y Tobago hay apmás de 24 mil personas, la oficina de Estados Americanos sostiene que son 40 mil. Sin embargo, Trinidad y Tobago no ha ofrecido de forma clara y tangible a las personas que llegan desde Venezuela medidas de protección y respeto a sus derechos humanos y migratorios, en especial cuando se encuentran en situación de extrema vulnerabilidad, lo que los hizo abandonar su país.
Estado venezolano tampoco ayuda
Vargas explicó que, desde las organizaciones civiles, medios de comunicación, organizaciones no gubernamentales y algunos representantes en el exterior, se ha buscado visibilizar los riesgos a los que se enfrentan los venezolanos que deciden migrar hacia Trinidad y Tobago. Se ha venido denunciando, haciendo incidencia y visibilizando esta situación. Sin embargo, no veo que las autoridades del Estado venezolano hayan tomado acciones concretas para representar y acompañar a estos migrantes. Veo mucha orfandad de protección y asistencias a esos conciudadanos en Trinidad y Tobago.
La parlamentaria destacó que desde la Asamblea Nacional se solicitó al parlamento de ese país una explicación sobre el caso de los menores por la violación de los Derechos Humanos de estos venezolanos. David Smolansky ha hecho pronunciamientos y ha pedido explicaciones a ese gobierno. Solo por el caso de la modelo se pronunció la gobernadora de Delta Amacuro y el Canciller, dijo.
Aseguró que varios defensores de derechos humanos en la isla se pusieron de parte de los venezolanos en tanto que entienden que están buscando refugio a la crisis y por tanto de acuerdo a estatutos y acuerdos internacionales no deben ser devueltos al país de donde huyeron. El 30 de diciembre comienza de nuevo la persecución para los venezolanos ilegales allí. El argumento de ellos es que son una isla de 1 millón 300 mil personas y de un solo golpe admitieron más de 16 mil.
El coordinador legal internacional de Foro Penal explicó que la situación actual de los 16 menores y 13 adultos deportados es la siguiente: Ahora mismo están siendo trasladados a una estación de policías, donde estuvieron desde que llegaron a Trinidad no tenía las condiciones dignas para poder permanecer. La expectativa es que el nuevo sitio tenga condiciones mucho mejores, donde cada uno pueda tener su propia cama y puedan atenderles sus condiciones de salud. No van a ser deportados mientras dure el juicio. No todos tienen casos similares en cuanto a la situación migratoria de sus padres, lo que significa que no vamos a tener una respuesta uniforme sobre todos los casos.