En coyunturas de crisis es donde se mide el verdadero poder de los gobiernos, es donde se puede de alguna manera caracterizar la auténtica capacidad de gobernar que tienen quienes han sido escogidos por la comunidad para regir los destinos de una nación. En una emergencia es cuando más preciso tiene que estar el proceso de toma de decisiones a nivel nacional y la definición de las políticas públicas.
En esta situación hay que recurrir generalmente a la declaratoria de los Estados de Excepción, y es tan importante la definición de los Estados de Excepción que la mayoría de los países del mundo han sido muy detallistas, muy minuciosos a la hora de normar, regular vía constitución, todo lo relativo a la declaratoria de los Estados de Excepción.
En Venezuela, los mismos están perfectamente regulados por la constitución nacional, el único autorizado para coartar las libertades de los gobernados ante una situación de emergencia es el poder Ejecutivo a nivel nacional y esto debe entenderse a todos los niveles del ejercicio del poder público dentro del Estado venezolano.
Lo primero que se debe hacer es conformar equipos de manejo de crisis y deben ser integrados por personas especializadas, calificadas para manejar la crisis de la que hay que ocuparse en un momento determinado. En este caso, una crisis de salud. Sin embargo, las proporciones de la crisis son tan grandes que no se puede atender el problema de salud descuidando otros aspectos fundamentales de la vida nacional, como por ejemplo, lo atinente a la producción y el desarrollo económico.
Otra de las tareas fundamentales del alto Ejecutivo en una situación de crisis es definir la vocería, tiene que haber una sola vocería, de forma tal que los gobernados podamos saber con precisión cuál es la voz autorizada para notificar las decisiones que se han tomado, en función de la emergencia decretada. Esto es fundamental. Orden y contraorden, generan un gran desorden.
En una situación de catástrofe, ese desorden viene a convertirse en un elemento más de perturbación. Hay que disminuir el margen de incertidumbre, la discrecionalidad de los funcionarios públicos a la hora de tomar decisiones en atención a la crisis.
Un gobierno se mide en su capacidad de gobernar, en su autoridad, en su verdadero poder para el ejercicio de sus funciones, no en la capacidad de represión. Cuando un gobierno debe acudir a los organismos de seguridad y a la capacidad de represión para que la colectividad entienda y acate el Estado de Emergencia, ese gobierno debe revisar minuciosamente el ejercicio de su cargo, debe revisar el ejercicio de sus funciones.
Algo está mal, algo está impidiendo que ese gobierno tenga credibilidad frente a la colectividad y que en consecuencia se asuman las medidas necesarias y suficientes para disminuir la incertidumbre, garantizar la seguridad y el mantenimiento de los derechos humanos y un nivel de vida aceptable para la colectividad.
