Se desplazan una vez por semana a buscar agua sucia, pues no hay de otra y aun así es un tesoro. Van en burro, por caminos de arena sobre los que andan entre el horno del desierto guajiro, cuyas temperaturas son muchas veces superiores a los 40 grados centígrados. Cada travesía dura entre una y dos horas. La sed y la hambruna que azotan a los indígenas wayú han matado a más de cinco mil niños y a otros tantos ancianos, así como a mujeres gestantes y otras lactantes. Una situación cuya gravedad crece por la floreciente corrupción estatal rampante del Estado nacional y los gobiernos locales.
Aunque en vías de extinción, los wayú son la etnia más numerosa de Colombia, con 400 mil habitantes, muchos de ellos con nacionalidad venezolana, dado que el desierto guajiro el territorio atávico de ellos desde la prehistoria ocupa una parte de Venezuela.
A cinco kilómetros de Riohacha, capital de La Guajira, departamento más septentrional de América del Sur, habita la comunidad wayú de La Loma. Allí, la mayoría habla wayuunaiki, la lengua oficial de esta etnia, y solamente se puede entrar con autorización de su líder.
Las rancherías están construidas con barro, madera, ramas y paja. Son chozas de bahareque, sin piso y vulnerables a cualquier cambio del clima. Cerca hay un jagüey (reservorio de agua lluvia sucia) donde suelen beber los burros y otros animales domésticos, junto con los humanos.
Riohacha es la segunda ciudad capital de Colombia con mayor nivel de pobreza extrema y desigualdad del país. Solamente la supera Quibdó, capital del Chocó, de acuerdo con datos del DANE. Las condiciones miserables y violentas de ambas se equiparan con las del África subsahariana.
Los arijunas -como suelen llamar a los que no son de su comunidad -, nos mienten, una vez llegaron diciendo que nos colocarían un solar que enviaría agua por medio de un tubo (agua potable), mangueras por acá, mangueras por allá y dónde está eso, es una mentira, se lamenta el líder de la comunidad, Justo Uriana.
Solo este año, de acuerdo con el Instituto Nacional de Salud, la hambruna ha cobrado la vida de 20 niños indígenas. Sin embargo, la cifra podría ser aún mayor si se tiene en cuenta que muchas muertes no son reportadas oficialmente, en esta región del país olvidada por el Gobierno y congelada en el tiempo. Algunos bebés no alcanzan a ser trasladados a los hospitales, en parte por falta de caminos y medios de transporte.
La Asociación Shipia Wayuu, en cabeza de su representante Javier Rojas Uriana, informó que las comunidades asociadas han reportado las muertes por hambre y abandono de 36 niños en lo que va de 2018.
Territorio rezagado
La Guajira tiene una tasa de mortalidad en la niñez más alta que la del promedio de Colombia, un país con 32 departamentos (provincias). De acuerdo con la Encuesta de Demografía y Salud de 2015, en Colombia hubo 16 muertes por cada mil nacimientos, mientras que en La Guajira la cifra fue de 60 por cada mil niños nacidos vivos. Es decir, La Guajira es el departamento con mayor mortalidad infantil al nacer del país. Esto se agrava durante la etapa llamada de primera infancia.
La mayoría de comunidades de esta etnia están alejadas de las zonas urbanas, no hay carreteras pavimentadas, los hospitales están fuera de su entorno, por lo que recibir asistencia de salud suele ser un imposible y en el mejor de los casos, una odisea.
Aunque su clima árido y la dispersión geográfica no favorecen, el gran problema es que los recursos se despilfarran y las ayudas a este pueblo -que por orden constitucional debería tener cubiertas sus necesidades básicas- no llegan.
En los últimos dos años se han invertido 50 mil millones de pesos (cerca de 20 millones de dólares) en la construcción de pozos de agua. No obstante, muchos de ellos solo funcionan el día de su inauguración, cuando les toman una foto para los registros oficiales y enseguida se diluyen de nuevo las esperanzas de mitigar a sed.
Las largas temporadas de sequía que ha tenido La Guajira, dado que es una zona desértica, ha limitado aún más sus pocas fuentes de agua. En la mayoría de ocasiones, los alimentos son cocidos con las aguas contaminadas de los jagüeyes, lo que trae enfermedades a los niños, muchas veces mortales.
El médico Juan Esteban Beleño Epiayú, miembro de la Asociación Wayuu Araurayu, acompañó a esta periodista a la Comunidad La Loma. Se pide a gritos al Estado poder garantizar el acceso al vital líquido, explica mientras muestra la precariedad de la ranchería (aldea) en la que sobreviven.
No hay agua para sembrar, no hay agua para la cría de los animales, entonces todo esto lleva a que la ingestión de alimentos se vea reducida y, con esto, el sistema inmune de nuestros niños se vea comprometido y sean presa fácil de infecciones, de enfermedades, más que todo respiratorias y diarreicas, explica el médico.
Por otro lado, la alimentación de la etnia wayú dependió de Venezuela, hasta cuando, hace menos de tres años, estalló la crisis total de ese país, lo que generó, además, el éxodo masivo de familias.
Al grave problema del agua, se suma a otro que aqueja a la comunidad que visitamos: a 100 metros de allí amontonan grandes cantidades de basura provenientes de la ciudad. El lugar es un gigantesco foco de inmundicias y malos olores, causante de enfermedades respiratorias e infecciones que devoran principalmente las vidas de los niños.
Un río al servicio de pocos
Mientras los wayús mueren de sed, el río Ranchería, único afluente de la región desértica, fue represado en un megaproyecto que solo beneficia a grandes terratenientes que siembran principalmente arroz.
La represa El Cercado fue terminada, después de cinco años de construcción, en 2010 por el extinto Incoder (Instituto colombiano de Desarrollo Rural) y tuvo un costo de 650 mil millones de pesos. Fue creada con el objeto de suministrar agua a nueve municipios del departamento, incluyendo la Alta Guajira, el riego de cultivos y la generación de energía eléctrica. Pero poco se ha cumplido porque aún no se ha completado la segunda etapa y lo que hay está demandando cuantiosas inversiones para su sostenimiento sin que dé ninguna utilidad social.
Hace solo unos meses la Contraloría le puso la lupa a este proyecto y sus resultados determinaron un presunto detrimento patrimonial por los incrementos no justificados en los contratos de administración, operación y mantenimiento del proyecto, sin lograr los fines sociales, productivos y de desarrollo regional por los cuales se desarrolló esta obra. En total se encontraron 43 hallazgos administrativos corruptos.
HISPANOPOST visitó la Presa El Cercado y pudo comprobar la dimensión y profundidad del agua que está represada. Se supone que cuando hay épocas de sequía el agua almacenada regula el caudal del río y así las comunidades no sufrirían de escasez. Pero lo cierto es que en muchas partes del río se ha secado por cuenta del uso abusivo e impune del agua por parte de algunos agricultores.
El 70% del agua del río Ranchería es utilizada para la siembra de arroz, que otrora solo podían tener una siembra al año y hoy tienen cosecha durante todos los períodos. Cabe resaltar que la producción exige usar grandes cantidades de agua y las cosechas siempre carecen de condiciones competitivas en calidad y precio frente al grano importado.
Aun así, la corrupción en el uso injusto de la poca agua de La Guajira ha hecho crecer la cantidad de productores de arroz. Hay 5.500 hectáreas sembradas mientras que antes solo había 800 en Distracción, el municipio donde se encuentra la represa.
De esta manera, el objetivo inicial de beneficiar 18.536 hectáreas y transformar la economía de la región, no se está cumpliendo. ¿Quién es el responsable?
La interventoría de este proyecto actualmente está a cargo de la Agencia de Desarrollo Rural (ADR), entidad que adoptó varias de las funciones del desaparecido Incoder después de su liquidación. Juan Manuel Londoño, vicepresidente de Integración Productiva del ADR, dijo en entrevista para este medio que Corpoguajira (la autoridad ambiental de la zona), es la responsable de velar porque la cuota mínima del nivel del agua sea aprovechada y sea distribuida alrededor del lecho del río.
Corpoguajira, en resolución de 2010, dio permiso de concesión para utilizar las aguas del río Ranchería por medio de acequias y quebradas a un selecto grupo de hacendados que toman los afluentes a través de motobombas. Entre ellos figuran Juan Francisco Gómez, exgobernador condenado por múltiples homicidios y sus dos hermanos: Mario y Piedad Gómez Cerchar. Entre los tres, el caudal que recogen es de 24 litros por segundo. Esto, mientras los niños indígenas mueren de sed.
Para terminar el proyecto y que pueda cumplir los propósitos para los que fue creado, el vicepresidente del ADR advierte que se necesitan 600 mil millones de pesos más (que no existen), sin embargo, señala que esto no podría ser solo cubierto por el fondo de adecuación de tierras pues su presupuesto es de 100 mil millones anuales. Es decir, por ahora no está prevista la terminación de la obra.
En todo caso, mantener esta represa, que sirve a los intereses de unos pocos, cuesta anualmente entre 6 mil y 7 mil millones de pesos.
Andrés Bernal, contralor delegado para el sector agropecuario, declaró para HISPANOPOST que la presa El Cercado es un proyecto inconcluso. Una inversión de esas proporciones, que no ha cumplido con su objetivo, un proyecto que no tiene segunda fase podemos decir que es un proyecto fallido y que en ese sentido que no está cumpliendo con lo que inicialmente estaba previsto, aseguró.
Corrupción incesante
En diciembre pasado, la Contraloría informó que se borraron las cuentas de 746 mil millones de pesos destinados a las regalías de la Gobernación de La Guajira desde el 2012 hasta 2016. La administración departamental argumentó una supuesta falla en el sistema financiero, causada por un corte de energía. Con la pérdida de la contabilidad no se sabe en qué se invirtieron esos recursos.
Mientras miles de niños se mueren de hambre, entre 2012 y 2016 el departamento de La Guajira obtuvo recursos de regalías por un total de $1,5 billones, provenientes de la multinacional minera de Carbón Cerrejón. Pero estos recursos no se ven ni en obras ni en la calidad de vida de los indígenas.
La Guajira atraviesa por una gran crisis institucional no solo por la corrupción incesante, sino porque en los últimos cuatro años la Justicia ha encarcelado a varios de los que han sido mandatarios regionales: Juan Francisco Gómez, condenado por múltiple homicidio y concierto para delinquir con los paramilitares; Oneida Pinto, presa por un desfalco de $18.600 millones al Programa contra la Mortalidad Infantil en el municipio de Albania; José María Ballesteros, procesado por irregularidades en un contrato para el control del dengue; Sugeila Oñate, investigada por la Procuraduría por corrupción en el programa de alimentación escolar; Wilmer González, encarcelado por fraude procesal entre otros delitos, y Hernando Deluque, condenado por celebración indebida de contratos y peculado. También han sido enviados a prisión los exgobernadores Jorge Pérez Bernier y José Luis González, este último condenado por corrupción.
El Estado se ha limitado a reproducir programas asistencialistas sin ningún control ni diagnóstico de las necesidades de las comunidades.
La Fiscalía General de la Nación investiga las irregularidades en varios de los programas para la atención de los niños del estatal Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, entre ellos dos contratos por más de 3 mil 421 millones. Entre las prácticas encontraron alimentos en mal estado y porciones miserables de comidas descompuestas que son cobradas a precio de manjares sobrevalorados.
?Sentencias que no se cumplen
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos ordenó al Estado colombiano en tres decisiones sucesivas proteger a la población wayú, en especial a los niños, madres gestantes, lactantes y adultos mayores, a través de varias medidas cautelares que han sido promovidas por la apoderada legal de la comunidad, la abogada Carolina Sáchica.
Las medidas cautelares, otorgadas desde diciembre de 2015, no se han cumplido, advierte la abogada Sáchica. De esta manera está en riesgo la protección de los derechos fundamentales de los indígenas más vulnerables que, por falta del agua, pierden la posibilidad de sembrar plantas o cultivar ganado.
Pero esta no es la única orden judicial que no ha acatado el Estado. Hace dos meses la Corte Suprema de Justicia determinó que se debe garantizar el agua para solucionar la crisis humanitaria. En total, más de 20 tutelas (amparos) falladas en favor de la comunidad wayú están vigentes pero archivadas. Incluso una que insta al Estado colombiano a liberar las aguas del río Ranchería. La sed y hambruna no resisten más espera.
Un viejo proverbio inglés advierte, con razón: No se aprecia el valor del agua hasta que se seca el pozo. En Colombia, por desgracia, la razón y el sentido de humanidad están cegados y dominados por la corrupción.
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