Los vecinos de La Calle Cantaura de la urbanización La Campiña, Caracas, han presenciado en los últimos meses cuatro invasiones de vivienda. Las noches son de terror con el ruido de motocicletas y vehículos rondando la calle, pero quién se mete con esa gente que actúa con completa impunidad, contó un residente que solicitó no mencionar su nombre.
Carlos Julio Rojas, coordinador del frente de Defensa del Norte de Caracas, alertó que el derecho a la propiedad privada vale muy poco para el gobierno.
Desde 2004 tenemos registro de más de un millar de casas, edificios, estacionamientos, locales comerciales y hoteles de la capital que han sido tomados y donde los invasores actúan con total impunidad, añadió.
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El dirigente social explicó que ante la agresividad mostrada por los invasores, muchos de ellos pertenecientes a los colectivos y apoyados por funcionarios de los cuerpos de seguridad del Estado e incluso concejales, los propietarios de los inmuebles no realizan la denuncia por miedo a represalias y dejan las cosas así.
Refirió que lo anterior dificulta establecer el número exacto de invasiones, pero desde agosto de 2019 se han profundizado como consecuencia del Plan Ubica tu Casa y el anuncio del censo de vivienda con lo que los promotores de las tomas se dedican a marcar los inmuebles seleccionados.
Las redes sociales se estremecieron esta semana por la irrupción irregular en una quinta, ubicada en la calle mencionada, donde funciona por comodato el centro de acopio de las donaciones que recibe la ONG Preparafamilia para ayudar a los pacientes del Hospital de Niños JM de Los Ríos, en San Bernardino. Como el resto de los centros estatales de salud, el JM padece la falta de medicinas e insumos producto de la crisis humanitaria compleja del país.
Esta irrupción ocasiona retrasos en la entrega de los kits de dignidad, que consisten en combos personalizados que traen pañales, toallitas húmedas, alimentos, fórmulas lácteas, juguetes, artículos de higiene y aseo personal, ropa y calzado, entre otros insumos, que necesitan los niños, niñas y adolescentes del Hospital además de las madres, informó Catherine Martínez, directora de Preparafamilia.
El hecho fue denunciado ante las autoridades e instancias nacionales e internacionales de defensa de los Derechos Humanos.